El 24 y 25 de noviembre de 2014 ha tenido lugar The Bilbao Youth Employment Forum (BYEF), organizado por la Fundación Novia Salcedo y la Universidad del País Vasco, para debatir sobre el futuro del empleo juvenil. Previamente, un equipo multidisciplinar de la UPV-EHU del que he formado parte y que ha sido dirigido por el catedrático Sabino Ayestarán, ha elaborado un informe sobre los «Frenos al empleo juvenil». Ese Informe fue debatido y enriquecido en las Jornadas de Estudio organizadas el 13 de octubre de 2014. Sobre la base de ese documento se ha debatido, contando con la participación de embajadores de varios países, representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), autoridades de distintas universidades, expertos internacionales en políticas de empleo, representantes sindicales y directivos empresariales.

A lo largo de ese coloquio, se han identificado diez factores que son susceptibles de explicar la prevalencia del desempleo juvenil que afecta al 23,2% de los menores de 25 años en la eurozona, cifra que supera los 5 millones en la Unión Europea de los 28. Como se precisa en el informe, «estos datos son muy superiores a los porcentajes de desempleo observados en la población en general, ya que el paro en la eurozona es del 11,5% y el desempleo en la UE-28 se sitúa en el 10,2%». No en vano, existen diferencias notables entre los estados miembros, puesto que las tasas más bajas de paro juvenil se producen en Alemania (7,8%), Austria (9,3%) y Países Bajos (10,4%), mientras que las más altas se dan en España (53,8%) y Grecia (53,1%). De la misma forma, las variaciones son notables en el seno de los propios estados, a la imagen de España, ya que las tasas de desempleo juvenil más elevadas se encuentran en Ceuta (72,7%) y Andalucía (66,1%), mientras que las más bajas se hallan en Navarra y Euskadi.

El primer factor explicativo del paro juvenil se refiere a la crisis financiera que empieza en septiembre de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers. Ante el riesgo de crisis global del sistema financiero internacional, los estados se han visto obligados a rescatar las entidades financieras al borde de la quiebra, además de aprobar planes de reactivación económica con el fin de evitar una depresión económica comparable a la de los años treinta del pasado siglo. Esta crisis financiera se ha convertido en crisis económica, con el retroceso de la actividad económica, la disminución del consumo interno y la interrupción de la inversión empresarial. Asimismo, ha tenido consecuencias sociales nefastas y ha desembocado en una crisis política de la que da cuenta el fortalecimiento de los partidos populistas y de extrema derecha en varios países europeos.

El segundo factor alude a las políticas de austeridad implementadas a partir de 2009, especialmente en los países de Europa del Sur. En efecto, como consecuencia del endeudamiento de los estados y de la presión de los mercados financieros y de la Troika (compuesta por el FMI, el BCE y la Comisión Europea), los gobiernos han aplicado políticas de recortes asociados a incrementos de la presión fiscal, lo que ha tenido un efecto depresivo sobre la economía. No solamente estas políticas no han permitido reducir el déficit y la deuda pública sino que, además, han desembocado en incrementos notables del desempleo, de la precariedad y de la pobreza.

El tercer factor concierne la concentración creciente de las rentas, especialmente las del capital y del patrimonio, en manos de una proporción cada mes menor de personas y entidades. En su último libro, titulado «Le capital au 21ème siècle», Thomas Piketty describe con claridad ese proceso de concentración de la riqueza a partir de los años setenta del pasado siglo y la instauración de las políticas de desregulación de la economía. Este proceso de concentración ha dado lugar a un aumento de las desigualdades económicas y sociales.

El cuarto factor está relacionado con la escasa colaboración entre entidades privadas y administraciones públicas, a pesar del esfuerzo realizado a lo largo de los últimos años para propiciar dicha cooperación vía la firma de convenios de colaboración. Los acuerdos ratificados por universidades públicas con empresas privadas para el fomento de prácticas en empresas que sean formativas y tutorizadas son buena prueba de ello, aunque su desarrollo sea insuficiente. Además, el sistema de prácticas no es comparable a la formación dual desarrollada en ciertos países, como Austria y Alemania, que permite a los alumnos y estudiantes alternar periodos de formación en universidades y de aprendizaje en empresas.

El quinto factor alude a los obstáculos que pesan sobre la cooperación interinstitucional (entre diferentes administraciones, que sean europeas, estatales, autonómicas o forales) e interdepartamental (en el seno de una misma administración), lo que dificulta el intercambio de información y la búsqueda de sinergias, además de propiciar las duplicidades y conflictos competenciales.

El sexto factor concierne la escasa anticipación de los retos demográficos relacionados con el envejecimiento acelerado de la población, con el incremento de la esperanza vital y la baja tasa de natalidad. La falta de visión prospectiva dificulta la toma de medidas preventivas que eviten una situación problemática dentro de quince o veinte años en lo que concierne la sostenibilidad del Estado de Bienestar. De hecho, las dificultades de financiación de la Seguridad Social y del sistema de pensiones, así como los problemas de mano de obra para ocupar puestos de trabajo en las empresas y atender a las personas dependientes serán cada vez más acuciantes.

El séptimo factor está relacionado con la precarización creciente del mercado laboral como consecuencia de las dos reformas laborales aprobadas por los gobiernos de Zapatero y Rajoy en 2010 y 2012, que han desembocado en el abaratamiento del despido y el deterioro de las condiciones laborales, especialmente para los nuevos entrantes, que son mayoritariamente jóvenes. Esto corre el riesgo de incrementar la dualización del mercado laboral que coincide con una ruptura generacional. Fenómeno puesto de manifiesto en Francia por Chauvel.

El octavo factor alude a los problemas de orientación de los jóvenes que no toman suficientemente en consideración las características del sistema productivo, las necesidades de las empresas y la realidad del mundo laboral, lo que crea desajustes entre las expectativas de los jóvenes y los empleos propuestos por las empresas. Esto genera desilusión, frustración e ineficacia.

El noveno factor se refiere a las carencias del diálogo social entre los agentes sociales, lo que dificulta la negociación colectiva. La ausencia de obligación legal, la falta de voluntad, el apoyo limitado y la capacitación insuficiente de los actores implicados generan una situación de colapso donde predomina la lógica ganador-perdedor. Esto repercute negativamente en el clima laboral, la competitividad empresarial, la creación de empleo y el crecimiento económico.

El décimo y último factor concierne los problemas de gobernanza a todos los niveles institucionales, con cierta confusión en el reparto competencial, la escasa eficiencia en la gestión pública y la ausencia de liderazgo. La Unión Europea es buena prueba de ello, puesto que, además de carecer de un gobierno económico, de limitar la misión del Banco Central Europeo a la lucha contra la inflación y de disponer de un presupuesto limitado equivalente al 1% del PIB europeo, existe una ausencia de armonización fiscal.

En definitiva, el desempleo juvenil tiene múltiples factores, a menudo interrelacionados, sobre los cuales conviene incidir para reducirlo dado el nivel dramático alcanzado a lo largo de los últimos años, especialmente en los países del Sur de Europa.