El ciudadano vasco Gorka Martinez ha sido absuelto de la colocación de un artefacto explosivo en Iurreta el 19 de junio de 2003 debido a la falta de pruebas. Martinez fue condenado por la Audiencia Nacional española a tres años y un día, pero el Supremo concluye que «la declaración en dependencias policiales carece de toda eficacia probatoria».

La declaración no fue ratificada ni en la fase de instrucción ni en la vista oral. La sentencia del juez Alberto Jorge Barreiro apunta que «la dosis de constreñimiento y presión ambiental con que se realizan algunas diligencias en un recinto polical poco tienen que ver con las garantías con las que se opera en el marco judicial propio del proceso penal».

Asimismo, insiste en que «en un contexto inquisitivo de esta índole» se reciba una declaración policial que acabe operando de forma sustancial como prueba de cargo en un juicio «contradice los principios sustanciales del proceso debido».