Bruselas pide a Madrid que le informe para el 15 de marzo sobre el cómputo de penas

La Comisión Europea ha revelado, en la respuesta a una pregunta del PNV, que en diciembre pidió al Gobierno español que le informe antes del 15 de marzo sobre su posición en torno al litigio del cómputo de penas. El Supremo y la Audiencia Nacional llevan un mes sin mover ficha en este asunto.

Ramon Sola|DONOSTIA|2015/02/11 18:10|0 iruzkin

La Comisión Europea ha informado de que el 15 de diciembre envió una carta a las autoridades españolas solicitándoles la notificación de la trasposición a su norma interna de la decisión marco europea que obliga a descontar las penas de cárcel cumplidas en otros países comunitarios. Como se recordará, el PP trasladó este criterio a sus leyes incluyendo una coletilla «ad hoc» que en la práctica revoca ese criterio, con el claro objetivo de estirar al máximo el cumplimiento de penas de los presos vascos.

Esta misiva se ha conocido en la respuesta dada por la Comisión Europea a una pregunta de la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao, que quería saber si Bruselas «va a realizar alguna gestión para garantizar la aplicación de la decisión marco» europea.

La comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, expone en la respuesta que se ha remitido esa carta y que tiene un plazo de respuesta concreto. Añade que «de conformidad con el artículo 17, apartado 2, de la decisión marco, la autoridad competente del Estado de ejecución deducirá del periodo total de privación de libertad que haya de cumplirse en el Estado de ejecución todo el periodo de privación de libertad ya cumplido en relación con la condena a la que se refiera la sentencia». El tono de esta afirmación es imperativo, aunque el Estado español obviamente argumenta que ya cumple el criterio europeo con su modificación legal.

Esta petición de explicaciones por parte de Bruselas se conoce en un momento en que existe un llamativo parón en torno a este litigio. Así, ha pasado ya un mes desde que el Tribunal Supremo diera a entender que había validado la trampa legal hecha por el PP, en la reunión que celebró el 13 de enero, pero todavía no se ha dado a conocer el contenido de aquella decisión ni el voto particular muy crítico que se avanzaba. Se afirma que podría hacerse pública a finales de febrero.

Tampoco hay novedades sobre la posibilidad de que al menos dos secciones de la Audiencia Nacional solventen las dudas jurídicas que reconocen haciendo una consulta directa al Tribunal de Luxemburgo. Esta vía, en caso de recorrerse, podría provocar una intervención directa de las instituciones europeas sin tener que esperar a la tramitación de recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que necesitaría varios años para resolver como ya ocurrió con la «doctrina Parot». La apelación a Luxemburgo también se incluirá en el o los votos particulares contra la decisión del Supremo.

Entre tanto, en este mes sí se ha producido la detención y encarcelamiento de Santi Arrozpide, que fuentes jurídicas sitúan como una maniobra cautelar a la espera de que el Supremo tome la decisión definitiva sobre su caso tras la liberación dictada por la Audiencia Nacional.