La ponencia que estudia la Iniciativa Legislativa Popular contra el fracking se reúne mañana a la mañana para tomar ya una decisión sobre las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. Y las negociaciones no pintan bien para los opositories a la fractura hidráulica.

La medida estrella presentada por el PNV contra el fracking es la aprobación de una moratoria de cinco años. EH Bildu y PSE, por su parte, optan por diversas modificaciones legales que han sido ya aceptadas por el Tribunal Constitucional para Catalunya y que, por tanto, son perfectamente legales. Se incluyen también otras condiciones que provienen de la Unión Europea, como la necesidad de realizar una evaluación medioambiental estratégica.

Según ha sabido NAIZ de distintas fuentes negociadoras, EH Bildu y PSE han mostrado su disposición a aceptar la moratoria que propone el PNV, pese a que existen precedentes que señalan que será inmediatamente recurrida por el Gobierno español ante el Tribunal Constitucional y suspendida su aplicación. A cambio de aceptar la moratoria que consideran inútil, ambos grupos piden que los jeltzales acepten a su vez las reformas legales que proponen.

Sin embargo, los jeltzales quieren rebajar las protecciones que presentan los otros grupos. No aceptan la exigencia de la Evaluación Medioambiental Estratégica y pretenden que allí donde PSE y EH Bildu dicen que «no se permitirá» el fracking, se diga que «se introducirán medidas adicionales de protección» sin hablar de prohibición o restricción alguna del fracking y, por tanto, dejando la puerta abierta para el uso de esta técnica.

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra el fracking llegó al Parlamento de Gasteiz con el apoyo de más de 103.000 firmas.