La madrugada del 13 de julio, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, concluyó un acuerdo con los acreedores extranjeros que, según se difundió en grandes titulares en muchos medios de comunicación, contenía unas medidas de mayor dureza que las rechazadas por la población en el referéndum del 5 de julio. Sin embargo, esta decisión ha tenido un efecto paradójico tanto a nivel político como social, puesto que, lejos de debilitar al Gobierno, lo ha revalidado para enfrentarse a un reto aún mayor.

¿Cómo se explica la «capitulación» tras el contundente apoyo popular recogido en la consulta? Es evidente que para los líderes de la Unión Europea cualquier ejercicio de democracia constituye un desafío para los privilegios de la élite dirigente, y que en el caso griego se concretó en la amenaza expresada por el presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem: «Memorándum o bancos cerrados» –según relató Yanis Varoufakis, ministro de Finanzas durante la primera etapa de las negociaciones– y expulsión de la zona euro.

Hoy por hoy, el coste de ese desafío es inasumible para Grecia. No solo porque, como defienden muchos economistas, el país no tiene ninguna viabilidad con una salida desordenada del euro en la situación de quiebra financiera en la que se encuentra, sino también porque, como muchos ciudadanos han reconocido a GARA, existe el temor de que el caos económico pudiera derivar hacia actos de violencia por parte del Ejército o de grupos armados, que condujeran a situaciones como las ya vividas en los países vecinos de los Balcanes.

Dentro del partido del gobierno, el izquierdista Syriza, las posiciones están muy encontradas, pero unos y otros han sido conscientes hasta ahora de que en el momento actual la unidad es más necesaria que nunca. Uno de los críticos más lúcidos, el diputado y profesor de Economía en la Universidad de Londres Costas Lapavitsas, manifestó hace unos días que la firma del tercer memorando «constituye una capitulación completa por parte del Gobierno» si se atiende a la propuesta con la que ganaron las elecciones del 25 de enero –hoy hace justo seis meses–, y ello reconociendo que el país no tenía otra opción debido «al chantaje abierto que Mario Draghi, [presidente] del Banco Central Europeo, ejerció sobre Grecia negándole liquidez y situando a los bancos al borde de la quiebra».

Pero, al mismo tiempo, Lapavitsas rechazó las elecciones anticipadas, pues en su opinión «la verdadera cuestión es que Syriza, en tanto que partido, haga un verdadero debate, para que la gente comprenda lo que pasa y para que el Gobierno dé marcha atrás. No queremos que caiga el Gobierno, lo que queremos es que cambie de opción».

También Varoufakis, que dimitió de su cargo de ministro tras el referéndum y expresó públicamente su completa oposición al contenido del acuerdo con el Eurogrupo, acabó votando a favor este jueves un paquete de reformas como manera de contribuir a mantener la unidad de Syriza y, de ese modo, permitir al Gobierno «ganar tiempo para planear una mejor resistencia al autoritarismo».

A nivel interno, incluso en el sector más crítico, gana peso la posición de permitir la continuidad del Gobierno, aunque sin desatender la urgente necesidad de restablecer el debate y avanzar hacia una nueva propuesta que permita superar el paso atrás dado por el Ejecutivo, explorados ya los restrictivos límites democráticos de la Unión Europea. En esa línea también toma fuerza la convocatoria de un congreso extraordinario del partido, como propone el ala izquierda, en el que muy probablemente se plantearía la transición hacia una salida programada y estudiada de la eurozona.

De nuevo Lapavitsas, uno de los más ardientes defensores de esta propuesta, considera que esta no solo permitiría recuperar la soberanía fiscal, económica y política, sino también llevar a cabo una reestructuración de la deuda. «No creo ni por un segundo que Grecia pueda continuar en la zona euro y recibir el alivio de la deuda que necesitaría y que le permitiría cambiar de política. Esa es la triste realidad. Y eso es lo que tienen que comprender en estos momentos Syriza, el resto de partidos políticos y el pueblo griego», señaló en una entrevista.

Durante las dos últimas votaciones en la Asamblea Nacional, el Gobierno ha sido capaz de sacar adelante con facilidad los dos proyectos de ley necesarios para seguir adelante con las negociaciones con los acreedores internacionales, a pesar de los votos en contra o las abstenciones de casi 40 diputados de los 149 con los que cuenta el grupo parlamentario de Syriza.

En la última de estas votaciones, la relativa a las reformas del área de la justicia y el sector bancario, la propuesta del Ejecutivo cosechó 230 votos a favor –muy por encima de la mayoría absoluta, establecida en 151– gracias al apoyo de sus aliados nacionalistas de Griegos Independientes y de los partidos opositores Nueva Democracia (conservadores) y el PASOK (socioliberales). Esta es una situación inédita.

Analistas y medios locales insisten en que, de repetirse esta situación, Tsipras se vería obligado a convocar elecciones anticipadas el próximo otoño. Debido a una ley no escrita, en Grecia se considera que el gobierno debe disponer de una mayoría parlamentaria propia. En este caso, la confusión es considerable si se atiende a las posiciones de los diputados dentro del Parlamento, con un importante sector de Syriza en contra y los grupos de ideología más neoliberal a favor de los paquetes de reformas.

Más chocante puede resultar la percepción que los ciudadanos manifiestan de la actual coyuntura. Según un sondeo realizado la pasada semana por Kappa Research y publicado por el diario “To Vima”, un 70,1% de los encuestados considera que el Parlamento tiene que aprobar la propuesta de Bruselas, un 72% valora este acuerdo como «necesario» y un 51,5% llega incluso a mostrar una opinión positiva sobre el mismo.

Además, un 48,7% no duda en responsabilizar de la dolorosas medidas que impondrá el acuerdo «a los líderes europeos que no mostraron ninguna comprensión con los problemas de Grecia».

Dos de cada tres entrevistados (64,5%) consideran suficiente una remodelación del Gobierno, en lugar de elecciones anticipadas, opción por la se inclinó casi uno de cada tres (31,2%).

En lo personal, para el 68,1% Alexis Tsipras sigue siendo el mejor candidato como primer ministro para dirigir el gobierno del país.

Parece claro que, pese a la dureza de las nuevas medidas de austeridad que se avecinan, los ciudadanos griegos son conscientes de los términos en los que se ha desarrollado la negociación con los acreedores internacionales y del inexistente margen de maniobra del país en la situación financiera actual. Eso permite a Syriza seguir contando con un sustancial apoyo popular y una más que considerable ventaja con respecto al resto de partidos. Lo cual no entra en contradicción con que entre un cuarto y un tercio de los votantes se muestren abiertamente a favor de la salida del euro, ni con que miles de personas sigan saliendo a las calles para mostrar su rechazo al nuevo memorando.

En todo caso, la propuesta a medio plazo dentro de Syriza es divulgar y alentar entre la población una opción rupturista, para tratar de invertir o acercar los porcentajes actuales.

Hasta el momento, lo aprobado por el Parlamento griego se limita a la aceptación del acuerdo marco y los aspectos que regirán las futuras negociaciones, la modificación del IVA, nuevas medidas tributarias y contra la evasión fiscal, reformas en las pensiones y la Seguridad Social, independencia de la Autoridad de Estadística de Grecia (ELSTAT) y la creación de una autoridad fiscal prevista en el Tratado de Estabilidad, y reformas en el área de la justicia y del sector bancario.

Medidas todas ellas que ya se incluían, en términos casi idénticos, en la propuesta realizada por el Gobierno de Syriza en junio. No obstante, las cuestiones más espinosas aún están por llegar en la negociación con los acreedores, que podría tener lugar durante agosto. Muchos economistas, entre ellos el premio Nobel Joseph Stiglitz, consideran que el acuerdo será inviable e incapaz de influir en el crecimiento de la economía si desestima una quita de la deuda. Y esta es una cuestión para la que todavía no hay respuesta.