El diputado de Amaiur, Xabier Mikel Errekondo, ha explicado a los periodistas que se ha registrado un escrito dirigido a la Mesa del Congreso, en el que se defiende que un acto como el que llevó a cabo Cuadra el pasado 16 de setiembre durante el debate sobre la reforma del Tribunal Constitucional tiene un carácter «meramente político».

De momento, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha explicado que la Mesa de la Cámara está «muy cerca» de llegar a un acuerdo sobre si se aplican o no sanciones a Cuadr, pero ha indicado que no adoptará una decisión definitiva hasta la próxima semana para sellar un acuerdo unánime.

Tras la reunión de la Mesa, Posada ha explicado que en ese encuentro PP y PSOE –los dos únicos partidos que forman parte ahora del órgano de gobierno de la Cámara al no haberse cubierto la vacante dejada por CDC el pasado mes de junio– han empezado a debatir el asunto a la luz del informe elaborado al respecto por los Servicios Jurídicos de la institución.

Para Errekondo, está claro que se está «tratando de utilizar la forma en la que se ha expresado Cuadra para ocultar el fondo de la cuestión», una reforma del TC que pretende diseñar «un arma para atacar aun más ferozmente la voluntad democráticamente expresada» de la sociedad catalana y vasca.

El escrito remitido a la Mesa por Amaiur lleva la firma, además, de otros partidos del grupo Mixto, como el BNG, Geroa Bai, Compromís y Nueva Canaria y, según Errekondo, han recibido también la solidaridad expresa de representantes de otros partidos.

Desde el PNV, su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, también ha considerado en declaraciones a los medios que Cuadra no debería ser sancionado porque la Constitución debe salvaguardar el derecho a la libertad de expresión incluso ante gestos que pueden ser «más o menos desagradables o pueden disgustar».

«Creo que poco significaría una Constitución que no protegiera el propio derecho de libertad de expresión a poder romper unas páginas de la misma», ha subrayado Esteban recordando la emblemática sentencia del Tribunal Supremo estadounidense que consideró que la Constitución protegía actuaciones como quemar una bandera «por muy reprobables que pudieran parecer».