«Hay una falta total de claridad. No se explica cómo se van a respetar los derechos de las personas y especialmente de los niños que deben ser especialmente protegidos y por ahora nadie explica cómo», denunció en rueda de prensa Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Según el acuerdo, Grecia deberá expulsar a Turquía a toda persona que llegue de forma irregular a su territorio pero deberá estudiar su caso individualmente antes para identificar si tiene derecho a protección y puede solicitar asilo, y cumplir así con la ley internacional.

«ACNUR está preocupado por que el acuerdo entre la UE y Turquía se está implementando antes de que las salvaguardas (para hacer un tratamiento individualizado) se establezcan en Grecia», ha remarcado Melissa Fleming, portavoz jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Fleming ha subrayado que, actualmente, «Grecia no tiene la capacidad suficiente en las islas para examinar las solicitudes de asilo, y tampoco las condiciones para acoger a las personas de forma decente y de forma segura mientras se examinan sus casos».

La portavoz de ACNUR ha dejado claro que no colaborará con las autoridades europeas en el proceso de identificación de solicitantes de asilo en Grecia porque los demandantes están en centros de detención.

«Nosotros no operamos en centros de detención. Los refugiados están retenidos, no se les permite irse y nosotros no operamos en centros de detención, es contrario a nuestra política, con lo que no ayudaremos a identificarlos y registrarlos», ha advertido Fleming.

ACNUR tampoco distribuirá ayuda humanitaria ni colaborará en las labores de traslado en las islas griegas, como hacía hasta ahora, una tarea que, según «confía», asumirán las autoridades de la Unión Europea.

Hasta ahora, ACNUR colaboraba con las autoridades griegas en la acogida de los refugiados que llegaban desde Turquía, aportaban ayuda humanitaria, asistencia legal y se ocupaban de algunos traslados desde la playa hacia los centros de acogida, y de dichos centros hacia el puerto donde embarcaban hacia el continente. Todas estas labores han quedado ahora suspendidas.

No obstante, mantendrá su presencia en las islas para intentar establecer «medidas de protección para asegurarse de que los derechos humanos de los refugiados se respetan».

Por su parte, la portavoz de Unicef, Sarah Crowe, también ha reconocido estar «muy preocupada por las implicaciones del acuerdo. Actualmente, el 40% de los que llegan son niños que hay que proteger. No se les debe detener, sino atender, identificar y Grecia no tiene la capacidad para hacerlo».

Crowe recordó que ya hay 19.000 niños en Grecia, el 10% no acompañados, que están «bloqueados y con necesidades muy básicas».