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Lakua insiste en que no hará la prueba de sexto de Primaria que obliga la Lomce

La consejera de Educación del Gobierno de Lakua, Cristina Uriarte, ha afirmado que no se realizará la prueba de evaluación de sexto de Primaria contemplada en la Lomce, a pesar de las advertencias del ministro español de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, a quienes no cumplan con esa ley.

La consejera Uriarte, al inicio de este curso escolar. (Jon URBE / ARGAZKI PRESS)
La consejera Uriarte, al inicio de este curso escolar. (Jon URBE / ARGAZKI PRESS)

Uriarte, en declaraciones a Radio Euskadi, ha recordado que ya solicitó al ministro en funciones que no desarrollara «ninguna normativa relacionada con la Lomce, sobre todo la de las reválidas», porque son «las líneas rojas» que ha marcado el Gobierno de Lakua y «no las vamos a aceptar de ninguna manera».

Ha añadido que la evaluación es «una herramienta» para mejorar los sistemas educativos y ha asegurado que la CAV definirá su propio sistema y «no el que nos impongan desde Madrid».

Las palabras de Uriarte se producen después de que a primera hora de la mañana Méndez de Vigo, en este caso en la Cadena Ser, se mostrara convencido de que las pruebas de sexto «al final se harán, porque en España hay que cumplir la ley».

La consejera de Educación ha explicado que, en el marco del plan Heziberri 2020, el Ejecutivo de Lakua ya ha definido su propio marco y modelo pedagógico, con el que ya están desarrollando el currículum educativo. «Lo que sucede es que la Lomce está ahí, es una ley básica y aún no han definido lo que van a hacer, aún no hay decreto, no hay un desarrollo normativo para establecer esas reválidas, y creo que eso es lo que quiere hacer el ministro, ahora que está en funciones, antes de que se marche».

«En Euskadi tenemos nuestro sistema educativo y nuestro currículum, por lo que debemos adecuar nuestras herramientas de evaluación a nuestro sistema educativo, no el que nos impongan ellos. Al final lo que quieren es imponer el currículum y la evaluación y todos igual, y eso es inaceptable», ha destacado.

Por contra, ha lamentado que se extienda la postura contraria a la prueba de evaluación de tercero de Primaria que se va a llevar a cabo este curso «porque, al fin y al cabo, se trata de una prueba que se realiza en el centro y que ellos mismo eligen cómo hacer. Nosotros no obligamos, sino que solo ponemos los instrumentos y la ayuda. La evaluación normalmente se hace en los centros, y a las familias les llegan las notas. Creo que las familias quieren saber qué notas y competencias desarrollan sus hijos».

Ni Uriarte ni los representantes de otra decena de comunidades autónomas han acudido hoy a Madrid a la reunión técnica convocada por el Ministerio de Educación para tratar temas sobre la aplicación y desarrollo de la Lomce.

Recurso contra las becas

La consejera ha denunciado que el Gobierno de Madrid «va contra nosotros cada vez que hacemos algo», en referencia al recurso presentado por el Ministerio de Educación contra el sistema de becas, y ha tranquilizado a las familias «porque no van a tener que devolver el dinero».

«Ahora son las becas, pero antes fueron requerimientos con las OPEs y con los currículums, porque dicen que no cumplimos con la Lomce. Con las becas, el requerimiento se ha convertido en recurso, y pretenden infringir nuestras competencias y ponerlas en las mismas condiciones del Estado, que son peores, es decir, menos dinero, menos becas, y no se cumplen ámbitos como el de, por ejemplo, las becas para material escolar, que nosotros tenemos y ellos no. Nos piden que las retiremos y eso es inaceptable», ha explicado antes de señalar que van a recurrir al Tribunal Constitucional.

Fraude de los comedores

Preguntada por el fraude de los comedores escolares, la consejera de Educación ha comentado que «será el Fiscal el que dicte si hay responsabilidad penal o no» y ha defendido que el Gobierno ha hecho «lo que nos pidió el Parlamento, es decir, enviar a la Fiscalía el informe realizado y ahora veremos qué dice el fiscal».

Ha justificado el rechazo a una comisión de investigación argumentando que «al final ha sido una práctica entre empresas, no de la Administración, y eso ya quedó claro en el informe. Aquí la Administración no tiene nada que ver. Los procedimientos se han realizado bien y no ha habido ninguna mala práctica. Aún así, hemos modificado y mejorado el procedimiento de contratación y hemos tratado de que tenga más garantías».