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La caravana a Grecia vuelve tras exigir que también los refugiados puedan transitar por vías seguras

Una acción simbólica que ha consistido en quemar sus pasaportes ante la embajada española en Atenas ha servido de broche a un periplo de cientos de kilómetros que comenzó el pasado 15 de julio para denunciar la política europea hacia los refugiados.

Protesta ante la embajada española en Atenas. (Karabana Grezia Euskal Herria)
Protesta ante la embajada española en Atenas. (Karabana Grezia Euskal Herria)

Después de una semana de viaje la caravana en solidaridad con los refugiados vuelve a Euskal Herria tras una última acción ante la embajada española en Atenas. Cientos de manifestantes han participado en una protesta que ha consistido en quemar sus pasaportes para denunciar la política hacia los refugiados tanto del Estado español como de la Unión Europea.

Durante estos días de caravana y protesta los participantes han venido denunciando las políticas comunitarias hacia los refugiados. Para ello han acudido a varios enclaves de gran carga simbólica, como lo es la frontera en Idomeni.

Una de las mayores movilizaciones de esta dinámica se realizó en Tesalónica, donde habitantes de la ciudad y activistas que participaban en la caravana se unieron al grito de «Abrid las fronteras».


Vídeo de Ahotsa.info

La iniciativa ha partido de varias ciudades del Estado español. En el caso de Euskal Herria han sido los colectivos Gasteiz Irekia, Bizkaiko Ongi Etorri Errefuxiatuak y la iniciativa navarra Iruñea Harrera Herria quienes han fomentado la iniciativa. Antes de partir hacia Grecia, sus promotores subrayaron la necesidad de que se respete el artículo 13 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos en el que se cita el derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de cada Estado.

Los promotores han denunciado durante esta marcha el acuerdo entre Turquía y Europa para la expulsión de los refugiados, también la participación militar en varios conflictos de Oriente Próximo y han exigido a los gobiernos europeos que paralicen la venta de armas a países que no respetan los derechos humanos.

Según ACHNUR, en 2015 fueron más de 65 millones de personas que tuvieron que desplazarse de manera forzosa.