NAIZ
MADRID

Arranca el juicio por el caso Gürtel que afecta a una decena de exdirigentes del PP

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española comienza a juzgar hoy la pieza matriz de la trama 'Gürtel', denominada 'Epoca I: 1999-2005', en la que se sentarán en el banquillo de los acusados el presunto cabecilla de la red, Francisco Correa, el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, el extesorero Luis Bárcenas y otras 35 personas, entre ellas una decena de ex altos cargos del PP.

Los exdirigentes del PP, en el banquillo de los acusados. (POOL EFE)
Los exdirigentes del PP, en el banquillo de los acusados. (POOL EFE)

El juicio de la primera época de la 'Gürtel' arranca hoy en San Fernando de Henares (Madrid) siete años después de que los principales responsables fueran detenidos por el juez Baltasar Garzón. La sesión inicial coincidirá con la declaración de exaltos directivos de Caja Madrid, como el expresidente de la entidad Rodrigo Rato, por la utilización de las tarjetas 'black', cuya vista comenzó el pasado 26 de setiembre.

Bárcenas, Correa y otros acusados ya han llegado a la Audiencia Nacional española. Varios preferentistas que se encontraban allí debido al juicio de las tarjetas ‘black’, han recibido al extesorero a gritos de «chorizo» y «ladrón». Asimismo, a la llegada de Correa, se ha posido escuchar «maleante», «sivergüenza» o «cabrón».

Los magistrados que componen el tribunal, Angel Hurtado --presidente y ponente--, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, juzgarán las operaciones que la red de Correa desarrolló entre los años 1999 y 2005 con ayuda de Crespo. Organizaron un entramado societario utilizando sus contactos con responsables del PP para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos, el pago de comisiones y dádivas y ocultar al fisco las ganancias que ascienden a más de 40 millones de euros, según la Fiscalía.

Estas actividades se llevaron a cabo en Madrid y Castilla y León, la capital madrileña y de los municipios de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, así como en la localidad malagueña de Estepona. Por ello, el juez Pablo Ruz, decidió dividir la pieza en diversos apartados, que coinciden con estas administraciones más una introducción para enmarcar las actividades que se llevaron a cabo durante esos seis años y quiénes intervinieron en cada uno de ellos.

En total, 37 personas --políticos, empresarios, trabajadores de Correa y familiares de éstos-- tendrán que responder a las preguntas que haga el tribunal, el Ministerio Público y abogados sobre su presunta participación en estos hechos ilícitos, por los que se les imputan delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, fraude fiscal, blanqueo de capitales, estafa procesal, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.

La Fiscalía pide 125 años para Correa, 85 para Crespo y 42 para Bárcenas

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás han solicitado la mayor pena de prisión para Francisco Correa, un total de 125 años y un mes de prisión por considerarlo líder de la trama. Una semana antes del comienzo del juicio, el empresario, con el objetivo de rebajar su pena, solicitó al tribunal poder acceder a una de las cuentas bloqueadas que tiene en Suiza para pagar más de dos millones de euros que le exige Anticorrupción como responsabilidad civil.

La segunda mayor pena que pide la Fiscalía, 85 años y 6 meses de cárcel, es la correspondiente al 'número dos' de la trama y exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo. En cuanto al extesorero 'popular' Luis Bárcenas, las fiscales solicitan 42 años y 6 meses de prisión.

Entre los acusados, se encuentra el exmiembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva del PP de Madrid, Alberto López Viejo, para el que piden 46 años de cárcel y el denunciante del caso y ex concejal de Majadahonda José Luis Peñas --que aportó 80 horas de grabaciones de conversaciones con Correa y otros acusados--, para el que se solicita 6 años y 5 meses de prisión. Para estos tres últimos, las fiscales contemplan la posibilidad de rebajarles las penas por las atenuantes de reparación del daño en relación a delitos contra la Hacienda Pública y por la de confesión, respectivamente.

En el banquillo se sentarán el también extesorero del PP Angel Sanchís Perales, el exviceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente; los exalcades de Majadahonda Guillermo Ortega y de Pozuelo Jesús Sepúlveda, el exdiputado nacional Jesús Merino, el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote, el exedil de Majadahonda Juan José Moreno y el exconcejal de Pozuelo Roberto Fernández.

También, el responsable de la 'Gürtel' en Valencia, Alvaro Pérez 'El Bigotes', el cerebro financiero, Luis de Miguel, el contable, José Luis Izquierdo, el gestor de cuentas Antonio Villaverde y la trabajadora Isabel Jordán. La exmujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, la de Bárcenas, Rosalía Iglesias, el apoderado del extesorero en Suiza, Iván Yáñez, la esposa de López Viejo, Teresa Gabarra, el hijo de Sanchís, Angel Sanchís Herrero y el hermano del exalcalde de Majadahonda, Jacobo Ortega, son otros de los acusados en esta causa.

Completan la lista, los presidentes de Sufi y Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo; los empresarios Jesús Calvo Soria y Jacobo Gordon; Alícia Mínguez, Javer Nombela, Carmen García Moreno, Antonio Martín Sánchez, Juan Ignacio Hernández Rodríguez, Inmaculada Mostaza, Pablo Ignacio Gallo-Alcántara, Luis Valor San Román, Pedro Rodríguez y José Antonio Sáenz.

Además, se consideran partícipes a título lucrativo a la exmujer y exministra de Sanidad Ana Mato, para la que se fija una fianza de 28.467,53 euros, y el PP, por los delitos que presuntamente cometieron los exalcaldes de Majadahonda y Pozuelo, tendrá que responder con una caución de 245.492 euros. La esposa de Guillermo Ortega tiene que responder con 45.066 euros.

Por otro lado, el extesorero del PP Alvaro Lapuerta y el empresario Rafael Naranjo Anegón no serán juzgados. La Sala archivó sus actuaciones al entender que a ambos tenían "debidamente acreditada" una demencia sobrevenida.