Iñaki VIGOR
IRUÑEA

Llevarán al Congreso la sentencia de Estrasburgo que declara nulas las inmatriculaciones

La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica, que agrupa a una veintena de colectivos, llevará al Congreso español la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que acaba de estimar nulas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica.

El primer congreso estatal por la recuperación del patrimonio se celebró recientemente en Iruñea. (Jagoba MANTEROLA/ARGAZKI PRESS)
El primer congreso estatal por la recuperación del patrimonio se celebró recientemente en Iruñea. (Jagoba MANTEROLA/ARGAZKI PRESS)

El fallo de Estrasburgo tuvo lugar el pasado 20 de diciembre, y condena al Estado español a indemnizar a una sociedad particular por tolerar la apropiación por parte del Obispado de Palencia de un templo de su propiedad.

La sentencia constituye «un hito jurídico de extraordinaria importancia en la reivindicación de los bienes inmatriculados por la jerarquía católica», a juicio de la Coordinadora Estatal, denominada Recuperando.

Así, considera que la sentencia supone «un varapalo sin precedentes contra el privilegio registral de los obispos y la pasividad del Estado hacia la apropiación de miles de inmuebles».

Consciente de la vía jurídica que acaba de abrir el Tribunal de Estrasburgo, la Coordinadora Estatal de Inmatriculaciones se dirigirá en las próximas semanas al Congreso de los Diputados para exigir la creación de una comisión que determine el procedimiento más adecuado para «restaurar la legalidad conculcada por esta violación continuada y masiva de los derechos humanos mediante las inmatriculaciones».

Asimismo, pedirá la difusión del listado completo de bienes inmatriculados por la jerarquía católica al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, derogado en 2015 por el Gobierno del PP «ante la enorme presión ciudadana y sus evidentes visos de inconstitucionalidad».

El listado completo de bienes inmatriculados puede ser tramitado por el Gobierno español a través de los decanatos territoriales de los registradores, tal como ya se ha hecho en Nafarroa y en la CAV.

Precisamente, la semana pasada el Gobierno español negó de nuevo la información requerida sobre inmatriculaciones por el senador de Compromís, Carles Mulet, en dos preguntas escritas.

600.000 euros de indemnización

En su sentencia, el Tribunal de Derechos Humanos ha impuesto una indemnización al Estado español de 600.000 euros por no haber protegido el derecho a la propiedad de la Sociedad Anónima Ucieza, que en 1978 había adquirido una finca de regadío que incluía un conjunto de bienes de carácter religioso pertenecientes a un antiguo monasterio desamortizado en el siglo XIX.

Ignorando la inscripción registral del propietario particular, el obispo de Palencia inmatriculó en 1994 el templo, la sacristía y la sala capitular al amparo del artículo 206, que le permitía inscribir bienes sin aportar título de dominio escrito y con su única autocertificación.

La Coordinadora Recuperando considera que los tribunales españoles están obligados a aplicar la sentencia y el Gobierno está obligado a acatarla «si no quiere verse abocado a una lluvia de indemnizaciones que pagamos todos por bienes que termina apropiándose ilegalmente la jerarquía católica».