«En ningún caso los presos enfermos revisten gravedad para ser excarcelados». Así ha zanjado el ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, la interpelación presentada por la diputad de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia. La independentista se había interesado por el estado de 12 presos gravemente enfermos y ha instado al Ejecutivo español a ponerlos en libertad o facilitar una prisión atenuada. No había nadie al otro lado.

El ministro, atrincherado en el discurso de «sabemos quiénes son las víctimas y quiénes los asesinos», ha negado la mayor, asegurando que los represaliados vascos no padecen ningún mal que recomiende su libertad.

«No existe ningún condenado que no pueda ser atendido», ha asegurado Zoido, muy centrado en negar la existencia de una política penitenciaria de excepción. Cierto es que en anteriores intervenciones había asegurado que los presos vascos están sometidos al mismo reglamento que otros y hoy ha modificado su posición, limitando esta a la normativa «antiterrorista».

También ha hecho referencia a la circular filtrada por «El País» en la que se vetaba las excarcelaciones a no ser que los presos enfermos fuesen a fallecer «con razonable certeza» y «a muy corto plazo». No solo ha reconocido su validez, sino que ha defendido que «es respetuosa con el principio de jerarquía normativa». «La circular no vincula ni a jueces ni a tribunales», ha asegurado, obviando que Instituciones Penitenciarias, que depende directamente de Interior, también tiene capacidad para excarcelar.

Beitialarrangoitia ha denunciado que «la legislación no se está cumpliendo» y ha mostrado su deseo de que «no ocurra un desenlace fatal».

En el inicio de su intervención, la diputada abertzale a recordado los casos de Jagoba Cobo, Manu Azkarate, Josetxo Arizkuren, Garikoitz Arruarte, Iñaki Etxeberria, Gorka Fraile, Joseba Borde, Txus Martin, Aitzol Gogorza e Ibon Iparragirre.