Tras casi dos años conversando en La Habana, las FARC-EP y el Gobierno colombiano han hecho público el contenido íntegro de los tres acuerdos parciales que han alcanzado hasta el momento. Con este paso, ambas delegaciones esperan poner fin a las «especulaciones, producto, unas veces del desconocimiento de los comunicados y los informes, y, otras, de una intención clara de desinformar a la opinión pública».

En total son 65 páginas que «contienen transformaciones importantes para sentar las bases de la paz y asegurar la no repetición del conflicto». En un comunicado conjunto difundido el martes, los delegados de la guerrilla y del Gobierno expresan su convencimiento de que «la implementación de estos acuerdos representará un avance enorme en la promoción del bienestar de los colombianos y en la garantía de sus derechos, así como para la participación política y la apertura democrática para construir la paz».

En una comparecencia ante los medios, el jefe negociador del Ejecutivo, Humberto de la Calle, lamentó que «los esfuerzos de transparencia» realizados hasta el momento -traducidos en varios informes y en 40 comunicados conjuntos- no hayan sido «suficientes» y hayan dejado «un espacio demasiado grande a la especulación e incluso a la especulación malintencionada». Denunció que «los opositores del proceso han aprovechado el desconocimiento general que subsiste de los comunicados para poner en circulación toda clase de versiones y rumores que pretenden desinformar, que buscan crear desconfianza». «Ante esta realidad, decidimos coger el toro por los cuernos y hacer públicos los acuerdos, sin renunciar a la necesaria confidencialidad de futuras discusiones y acuerdos en construcción», explicó.

«Cada ciudadano podrá ahora constatar él mismo lo que hemos venido diciendo y formarse su propia opinión. Que comparen lo que hemos informado con los textos auténticos que hoy entregamos y que comprenden la totalidad de lo pactado», añadió De la Calle.

Reconoció que las discusiones con las FARC ha sido «muy intensas, con frecuencia agotadoras, pero hemos podido llegar a acuerdos a pesar de la distancia ideológica y de las profundas diferencias que hemos tenido y seguiremos teniendo».

Pilares de los acuerdos

El primero de los acuerdos, anunciado el 25 de mayo de 2013 tras seis meses de negociaciones, fue el relativo a la reforma rural integral que contempla la creación de un «Fondo de tierras -cuya extensión aún no ha sido definida- de distribución gratuita para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente», que irá acompañado de «planes nacionales financiados y promovidos por el Estado destinados a la provisión de bienes y servicios públicos como educación, salud, crédito, asistencia técnica, apoyo para la comercialización, infraestructura».

«La reforma rural integral sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la población rural y de esa manera contribuye a la construcción de una paz estable y duradera. Debe lograr la gran transformación de la realidad rural colombiana, que integre las regiones, erradique la pobreza, promueva la igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía y como consecuencia garantice la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia», sostiene el borrador del acuerdo.

Entre los compromisos adquiridos está la reducción de la pobreza rural en un 50% y la eliminación de la pobreza extrema en un periodo de diez años; la protección de las áreas de especial interés ambiental y la delimitación de la frontera agrícola; la reconstrucción con «enfoque territorial» de las regiones más afectadas por el conflicto».

El segundo acuerdo -«Participación política: Apertura democrática para construir la paz»- llegó a principios de noviembre de 2013. «Para consolidar la paz es necesario garantizar el pluralismo facilitando la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos», para lo que ambas partes acordaron una Ley de Garantías para las organizaciones; la promoción de «una cultura de tolerancia, no estimagtización y reconciliación»; «una distribución más equitativa de los recursos públicos destinados a los partidos y movimientos políticos y una mayor transparencia del proceso electoral»; así como la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para que «los territorios más afectados por el conflicto y el abandono, en una fase de transición, tengan una mayor representación en el Congreso de la República para asegurar la inclusión política de estos territorios y sus poblaciones, así como la representación de sus intereses».

En su introducción, este segundo acuerdo establece la necesidad de «crear las condiciones y dar las garantías para que las organizaciones alzadas en armas se transformen en partidos o movimientos políticos, que participen activamente en la conformación, ejercicio y control del poder político, para que sus propuestas y sus proyectos puedan constituirse en alternancia de poder».

El tercero y, hasta el momento, último de los acuerdos -«Solución al problema de las drogas ilícitas»- fue anunciado en mayo de este año.

En él se subraya que «el conflicto interno tiene una larga historia de varias décadas que antecede y tiene causas ajenas a la aparición de cultivos de uso ilícito a gran escala y a la producción y comercialización de drogas en el territorio. La persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de extrema pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico».

Destaca también que «la producción y comercialización de drogas ilícitas y las economías criminales ha tenido graves efectos sobre la población» y que «distintos sectores de la sociedad se han visto comprometidos de manera directa e indirecta». «Las instituciones, tanto a nivel nacional como local, han sido afectadas por la corrupción asociada al narcotráfico en su integridad y desempeño», remarca. El Gobierno se compremete a enfrentar «la corrupción en las instituciones y a liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública», y las FARC a «poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno».

En la base de lo pactado está la necesidad de «diseñar una nueva visión que atienda las causas y consecuencias de este fenómeno, especialmente presentando alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades», de abordar el consumo con «un enfoque de salud pública y que intensifique la lucha contra las organizaciones criminales, incluyendo las actividades relaciones como las finanzas ilícitas, el lavado de activos... desarticulando toda la cadena de valor del narcotráfico».

Pide, además, «un tratamiento especial a los eslabones más débiles de la cadena, que son los cultivadores y los consumidores de drogas ilícitas».