El patronato de Hobetuz celebró ayer una reunión en la que, tras analizar el posicionamiento del Gobierno de Gasteiz y el resultado de las negociaciones mantenidas con el Servicio Público de Empleo Estatal SEPE (antiguo INEM), acordó solicitar el aplazamiento del pago de los 25,7 millones que le ordenó reintegrar la Audiencia Nacional en concepto de fondos europeos recibidos a finales de los noventa y que no se llegaron a gastar. En caso de ser aceptado el aplazamiento, las administraciones de Madrid y Gasteiz deberán acordar las nuevas fechas y la forma de pago.

Desde su creación en 1996, Hobetuz ha gestionado los fondos para la formación profesional continua de trabajadores procedentes tanto del INEM como del Ejecutivo autonómico, parte de estos últimos con origen en el Fondo Social Europeo. La liquidación de estas últimas partidas es la que ha dado lugar al conflicto, ya que tanto la administración del Estado como la de la CAV consideraron que los excedentes resultantes eran suyos y los reclamaron para sí.

La pasada semana, Hobetuz aseguró que ya devolvió a Lakua esa cantidad de dinero –16,3 millones de los fondos y el resto de intereses– e insistió en que cumplir el fallo judicial implicaría devolver ese dinero dos veces, lo que abocaría a la fundación a su desaparición.

La polémica llega justo en el momento en que el Gobierno español ha aprobado un decreto, de obligado cumplimiento en la CAV, en el que se veta a patronales y sindicatos la posibilidad de impartir los cursos y se posibilita que se encarguen de ellos otras entidades como academias privadas de formación.

Ante estas circunstancias, el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, manifestó la pasada semana que las acciones que lleva a cabo Hobetuz podrían ser asumidas por el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide.

«Mera sucursal»

La Fundación Vasca para la Formación Continua se constituyó en 1996 para impartir y gestionar cursos de formación para los trabajadores. El año 2007, ELA y LAB decidieron abandonarla al considerar que Lakua convirtió este organismo en una «mera sucursal de la Administración española», al aceptar los fondos procedentes de Madrid.

Las dos centrales abertzales subrayaron que este hecho supone la renuncia a un título competencial –el que la CAV tiene en formación continua– a cambio de recibir unas determinadas cantidades económicas.

Desde su puesta en marcha, tanto los diferentes gobiernos españoles como la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT se han resistido a aceptar que la formación profesional continua no esté controlada por Madrid.

 

La larga sombra del fraude se extiende por el sur del Estado

La sospecha de que las grandes cantidades de dinero público que mueven los cursos de formación se han venido utilizando, sobre todo en el sur del Estado español, para financiar a la patronal y a los sindicatos ha acompañado históricamente a este sistema, que se nutre de las cantidades que se deducen a los trabajadores de sus nóminas.

Ayer mismo, estas sospechas volvían a salir a la luz pública en Extremadura, cuyo Gobierno del PP destapaba un fraude por parte de las patronales, UGT y CCOO, cifrado en más de tres millones de euros.

El fraude, que la oposición ve con recelo por la proximidad de las elecciones, reflejaría sobrecostes de hasta el 800%, con cobros de hasta 820 euros por una hora de formación.

En Andalucía, el pasado martes fueron detenidos un total de 16 responsables políticos de la Junta por hechos similares. En concreto, se trata de 14 exresponsables y los actuales delegados de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla y de Huelva, que han sido destituidos.

La operación fue ordenada por la jueza Mercedes Alaya, que esperó a la celebración de las elecciones. La juez sostiene que existieron órdenes por parte de los superiores de la Consejería de Empleo para que sus subordinados no controlaran los cursos y beneficiaran electoralmente al PSOE. J.S.