El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, presentaron ayer el “Programa Zuzenduz”, una defensa de los valores reparadores de la autocrítica. El documento habla de la vulneración de derechos humanos en pasado, como si ya no se produjeran, lo que se entiende perfectamente al determinar quién debe hacer autocrítica y responder que, aunque «todas las familias políticas están invitadas» a ello, «es necesario subrayar que hay una expresa demanda social y política que apremia a una valoración específica de la violencia de ETA por parte de su entorno político».

Este carácter específico vuelve a remarcarse cuando la cuestión de la autocrítica se conecta directamente con el “Programa Hitzeman” relativo a los presos. Determina que los prisioneros deben explorar la autocrítica como «herramienta de reinserción social». Sin embargo, en una materia tan delicada como la política penitenciaria, no parece que ni el Gobierno ni quienes apoyaron y apoyan la dispersión y otras conculcaciones de derechos que sufren los presos y sus familias, deban hacer autocrítica de nada.

En su discurso, el lehendakari también analizó las dificultades que se están produciendo en el camino de la paz y la convivencia. Pero no hizo autocrítica. Señaló que los principales problemas son dos: la parálisis de la izquierda abertzale y el inmovilismo del Gobierno español.

El programa sí recoge, aunque no de manera central, el «ejercicio ilícito de la violencia estatal o paraestatal», desde «los excesos policiales, la tortura o el abuso del poder penal y penitenciario, hasta el terrorismo de organizaciones como BVE, GAL y similares».

Defensa ante las críticas

Otro de los motivos de autocrítica, en opinión de Lehendakaritza, es la falta de atención a todas las víctimas en la que incurrieron todos los partidos y también los medios de comunicación durante una época.

Pero, llamativamente, parte de la comparecencia ante los medios estuvo dedicada a rebatir a quienes critican que el Gobierno de Lakua no atienda debidamente a las víctimas de ETA. Iñigo Urkullu denunció la nueva instrumentalización de las víctimas «como arma arrojadiza e interesada en la confrontación política y electoral». Para negar que su Ejecutivo o su secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, tengan malas relaciones con las asociaciones, entregó un documento de siete folios con todas las reuniones y encuentros mantenidos.