Los veintiocho estados miembros de la Unión Europea (UE) aprobaron ayer un plan para tratar de contener la llegada de inmigrantes a las costas europeas incidiendo, como hasta ahora, en el control fronterizo tanto en los países de origen como fortaleciendo la vigilancia en el Mediterráneo a través de las operaciones Tritón y Poseidón, cuyo presupuesto mensual se acordó triplicar (el de Tritón es actualmente de 2,9 millones de euros). El presidente francés, François Hollande, anunció que su país presentará ante el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para conseguir su aval para incautar y destruir en origen barcos de las redes de tráfico de personas destinados al traslado de migrantes.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE pretenden que sus misiones militares refuercen la vigilancia, para lo que se les dotará de más dinero –se iguala así el presupuesto con el que contaba la extinta operación de búsqueda y salvamento Mare Nostrum– y medios, pero no atendieron a las demandas de las ONG que pedían que se les diera un carácter humanitario, centrado en el rescate y salvamento de vidas, y ampliaran su área de actuación, según dijo Amnistía Internacional.

Varios estados, algunos anteriormente críticos con el despliegue naval, ofrecieron contribuciones concretas. Uno de ellos, Gran Bretaña, que aportará un buque de guerra, dos patrulleras y tres helicópteros, eso sí, con condiciones. Según señaló su primer ministro, David Cameron, su «solidaridad» estará condicionada a que «la gente a la que rescatemos sea trasladada al país seguro más próximo, probablemente Italia, y no tenga derecho inmediato a pedir asilo en el Reino Unido».

Su homólogo italiano saludó el «paso adelante» dado por Bruselas, en cuya cumbre extraordinaria poco más se concretó.

Los traficantes de personas siguen en el punto de mira de la UE, empeñada en incautar y destruir sus barcos antes de que zarpen, la mayoría desde Libia, hacia las costas europeas, una medida que exige el visto bueno de Libia o del aval de la ONU.

El Gobierno de Trípoli, sin reconocimiento internacional advirtió ayer a Bruselas de que no puede decidir de manera unilateral, sin consultarle, lanzar ataques contra los traficantes de personas en el país y prometió «hacer frente» a esas acciones.

Por eso, el Estado francés anunció anoche que presentará de una resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU para lograr su respaldo.

Asimismo, los Veintiocho se comprometieron a elaborar una política de asilo común. Previamente pondrán en marcha un proyecto piloto para acoger –dependiendo de la voluntariedad de los estados– a 5.000 refugiados que ahora están en campos del Acnur, pero al mismo tiempo acordó acelerar las devoluciones de todos aquellos que no tengan ese estatus, es decir, quienes hayan abandonado sus países huyendo de la miseria. Este cupo corresponde a la gran mayoría de los africanos que utilizan Libia como puente para llegar a Italia y Malta.

Además, Bruselas busca alejar el drama migratorio de su territorio ofreciendo más recursos a países como Túnez, Sudán o Egipto para que refuercen el control de sus fronteras y eviten el acceso a los puertos mediterráneos de quienes huyen de la guerra o buscar un vida mejor.

Muertos a bastonazos

Ayer en Malta, un imán y un obispo oficiaron un solemne funeral por las 24 personas cuyos cuerpos se han recuperado el naufragio registrado el domingo en aguas próximas a Libia.

Por otro lado, los supervivientes del naufragio en el Canal de Sicilia, donde se cree murieron hasta 800 inmigrantes, relataron a los fiscales de Catania que permanecieron hasta un mes en Libia sufriendo torturas y que algunos murieron a golpes de bastón de los traficantes.