Nydia Erika Bautista desapareció el 30 de agosto de 1987, el mismo día de la comunión de su hijo y de su sobrina, Andrea Torres. Vieron cómo «hombres fuertemente armados se la subían a un vehículo», perdiendo totalmente su rastro hasta 1990, cuando «gracias a la confesión de un sargento perteneciente a la Brigada 20» encontraron su cuerpo enterrado en una fosa común y con huellas de violencia sexual y tortura. Aquello cambió sus vidas. «Como sobrina y ante la lucha que mi familia ha llevado a cabo para encontrar la justicia y la verdad, decidí estudiar Derecho y empecé una labor de investigación y documentación de 33 casos de desaparición forzada que ocurrieron en la época, incluyendo las del Palacio de Justicia de Bogotá», señala en entrevista con GARA.

¿En qué contexto se produjo la desaparición de su tía?

Era una situación de absoluta represión y persecución contra cualquier persona que tuviera alguna ideología de izquierda o que no estuviera de acuerdo con la política oficial. La desaparición forzada se convirtió en una práctica sistemática para exterminar a todas aquellas personas que pensaban diferente.

¿Qué respuesta encontraron entre los vecinos?

Había demasiado temor y miedo. Fue muy difícil que las personas que presenciaron su desaparición declarasen ante las instancias judiciales. Las pocas que se atrevieron fueron amenazadas, perseguidas… se vivía un clima de silencio, de mirar para otro lado. La lucha la aborda, enfrenta y saca adelante la familia por sí misma. Nos tocó sufrir y afrontar la injusticia, negación y ataques a la dignidad de Nydia Erika. Todo ello determinó el futuro de cada uno de nosotros. No tuvimos elección; la fuerza de los hechos nos empujó a hacer la labor que venimos desempeñando.

¿Qué impresión se llevó su madre de la mesa de La Habana?

Es un hito histórico que las víctimas participen en las conversaciones de paz. Independientemente de quién sea el autor de los delitos, las víctimas han mostrado unidad, se han unido en el dolor demostrando al Gobierno que no están en competencia, que no hay diferentes categorías de víctimas, sino que todas están al mismo nivel y quieren la paz. La desilusión vino después, porque no ha habido una respuesta por parte de la mesa de cómo van a ser las propuestas, no ha habido ningún otro mensaje. A su llegada a Colombia, recibió tres panfletos firmados por grupos paramilitares con amenazas de muerte y, semanas después, Uribe la señaló de «guerrillera». Todo ello le creó una gran desesperanza e incertidumbre. Ella tenía la ilusión de que se abrieran espacios políticos, en los cuales las víctimas que viajaron a La Habana pudieran ser embajadoras de la paz, contar su experiencia en las regiones, a donde no llega la información. Pero, desafortunadamente, el Gobierno no ha respondido a las víctimas; se siente utilizada como víctima porque tras tener un mínimo de protagonismo cuando fue a La Habana, luego no ha pasado nada. A ello se suma el hecho irrespetuoso de que el presidente Juan Manuel Santos convocara a las seis delegaciones de víctimas a una reunión para contarles el estado del proceso y no se presentara. Esto demuestra que las víctimas realmente no somos importantes para el Gobierno.

¿Qué sintió cuando Uribe llamó a su madre «guerrillera»?

Durante la presidencia de Uribe, la fundación Nydia Erika, como organización de familiares de víctimas de desaparición forzada, fue objeto de seguimientos y vigilancia. Recibimos panfletos con amenazas de muerte. En 1997, mi primo fue objeto de un intento de desaparición forzada y hace dos años tuvo que volver a exiliarse porque hombres armados entraron en su casa y se robaron todo el archivo de memoria histórica de la fundación que contenía testimonios vitales. El hecho de que durante un debate público y retransmitido por el canal de televisión con mayor audiencia en Colombia, Uribe señalara a mi madre de ser una «guerrillera» que viaja a La Habana es un hecho sin precedentes, inaceptable, y lo peor es que las autoridades archivaron nuestra denuncia porque el senador Uribe tiene derecho de acusar a quien quiera.

¿Qué medidas ayudarían a la no repetición de los hechos?

Que se impongan condenas, aunque sean mínimas, y se trate de manera diferencial a los actores armados; no puede haber una simetría en las condenas en lo que se refiere a los miembros de la fuerza pública; deben tener un castigo ejemplar como garantía de no repetición para que nunca más ningún agente del Estado se piense que puede violar los derechos de la población a la cual se comprometió constitucionalmente a proteger. Y que se diga la verdad: dónde están los desaparecidos y qué hicieron con ellos.

El presidente y su equipo negociador abogan por impulsar una pedagogía por la paz.

No puede haber mejores pedagogos que las propias víctimas, que tienen todas las cualidades para ser embajadores de la paz.