El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schaeuble, uno de los arquitectos de los programas de austeridad europeos, aseguró el miércoles en una entrevista conjunta al Wall Street Journal y al diario francés Les Echos que «no podemos excluir la posibilidad de una quiebra de Grecia» pues, en su opinión, Atenas parece decidida a revertir cinco años de ajuste fiscal y reformas.

Sin ninguna voluntad de compromiso en las negociaciones, Schaeuble sigue contando con que la asfixia financiera a la que ha sido sometida Grecia desde hace meses acabe dando resultado y el ejecutivo griego claudique.

De lo primero, del agotamiento de las finanzas helenas, no parece haber duda. El portavoz del grupo parlamentario de Syriza, Nikos Filis, reconoció este miércoles que Grecia no cuenta con dinero para hacer frente a los pagos del Fondo Monetario Internacional (FMI) del mes de junio, si antes no se alcanza un acuerdo con los acreedores, que permita liberar los 7.200 millones de euros que restan por abonar del segundo memorando. La fecha límite es el 5 de junio, ese día Grecia tendrá que abonar la primera de las entregas, de un total de 1.500 millones de euros, que tendría que hacer a lo largo del mes. Sin embargo, Filis advirtió que «si no hay acuerdo, no habrá nada de dinero», y reiteró que el gobierno pagará antes las pensiones y los salarios que cualquier cantidad al FMI.

Lo segundo que quiere Schaeuble, no está tan claro que vaya a suceder. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha reiterado en numerosas ocasiones que su gobierno no cederá en puntos sustanciales como un objetivo bajo del superávit primario, proteger las pensiones y los salarios, reestructurar la deuda y poner en marcha un amplio plan de desarrollo económico.

Estas cuatro directrices establecen el marco sobre el que Atenas pretende formalizar un compromiso duradero, y así lo aclaró Tsipras al asegurar que «el gobierno no negocia un acuerdo en dos o tres fases para garantizar temporalmente el pago de cualquier cuota». Al tiempo que lanzó un aviso a «los que piensan que la resistencia griega se puede doblegar y sus líneas rojas desvanecerse a medida que pasa el tiempo, harían bien en olvidarse de ello», dijo.

Agotadas todas las vías

Grecia quiere un acuerdo que ponga fin a la austeridad, restaure la liquidez y promueva el crecimiento. Por parte europea estas pretensiones han sido vistas como un desafío al que había que ponerle fecha de caducidad. Al bloqueo político se sumó el económico, y así el fin de la ayuda financiera desde agosto de 2014 se completó con la negativa del Banco Central Europeo (BCE) de incluir a Grecia en el programa de compra de deuda pública y permitir que ampliara su límite para la emisión de bonos del Tesoro.

En las últimas semanas Atenas tomó el dinero de caja de las empresas y organismos públicos con el fin de solventar los graves problemas de liquidez de las cuentas estatales. También requirió los fondos de las embajadas y legaciones diplomáticas en el exterior. Por último tomó la decisión de usar los 650 millones de euros, denominados Derechos Especiales de Giro y mantenidos en una cuenta de reserva del FMI, para hacer frente al pago de esta institución el pasado 12 de mayo.

Pese a los importantes pasos que se han comenzado a dar en la recuperación de las deudas tributarias o para poner freno al fraude fiscal, las cantidades ingresadas son aún insuficientes y no llegan a compensar los próximos vencimientos de obligaciones de pago de la deuda. Mientras el Bundesbank pide que se retire la financiación de emergencia a los bancos griegos, desde la Comisión Europea se insiste en que la solución son los recortes en salarios y pensiones y también una quita bancaria al estilo de Chipre, un corralito que afectaría a los depósitos de los ciudadanos.

Posibles salidas

El ejecutivo griego sigue apostando por alcanzar un acuerdo in extremis en los próximos días. Tanto el titular de Finanzas, Yanis Varufakis, como el portavoz del gobierno, Gabriel Sakelaridis, expresaron esta semana su convencimiento de que el cierre de las negociaciones tendrá lugar en cuestión de días. Varufakis denostó las tácticas de los socios europeos, basadas en ultimátums y chantajes, y aseguró que «la falta de liquidez no es ni la elección ni la responsabilidad del Gobierno griego».

En ese clima de incertidumbre, y ante la posibilidad de que Atenas pese a todo no claudique, la CE comenzó esta semana a lanzar globos sonda encaminados a fraccionar el acuerdo y también las entregas de capital a Grecia que estarían por venir. El lunes el diario To Vima publicó un supuesto plan de su presidente, Jean-Claude Juncker, que iría en esa línea, pero poco tiempo después la información fue desmentida desde Bruselas. Ayer fue el periódico alemán Süddeutsche Zeitung quien citando a «un alto miembro del Eurogrupo», señaló que Grecia podría recibir cerca de 4.000 millones de euros si a cambio se comprometía a modificar el régimen del IVA y determinadas cuestiones del mercado laboral y las pensiones, cuyo valor debería superar los 5.000 millones de euros. Una vez cumplido este paso, la negociación seguiría en otoño. Bajo este diseño, el diario contaba con que en la cumbre extraordinaria de ministros de Finanzas de la zona euro, prevista para antes de la primera semana de junio, se tomara una decisión al respecto.

Existe además una tercera vía, y es la que proponen cada vez más miembros de la dirección de Syriza: romper las negociaciones si el resultado de las mismas no se ajustara a las «líneas rojas» establecidas y fuera perjudicial para el pueblo griego. El martes, cinco responsables del comité central y la oficina política del partido expusieron en una acto público las razones por las que el ejecutivo debería dar por finalizadas las conversaciones con los acreedores e incluso abandonar el euro. Entre los críticos se encuentran personas de relevancia dentro de la organización, como el economista Yanis Milios o el diputado Antonis Davanelos. El mismo día, otro congresista, el profesor de economía Costas Lapavitsas, consideró que ante la imposibilidad de llevar a cabo el programa en el ritmo y en la forma en que les gustaría, la única opción es declarar el impago de la deuda y establecer una moneda propia «con el objetivo de recuperar la soberanía nacional».

Para Lapavitsas, una vez adoptadas las medidas necesarias, la nueva divisa podría estabilizar la economía «en un plazo de dos o tres meses», con un valor que sería un 20 o un 30% menor que el del euro. «Ha llegado el tiempo de las grandes decisiones», dijo en su entrevista al diario digital TPP.

El tiempo se acaba, mientras las reuniones técnicas en el denominado Grupo de Bruselas (CE, BCE y FMI) continúan hasta mañana. Una de las últimas oportunidades para aclarar el futuro de Grecia dio comienzo ayer en la ciudad letona de Riga. Durante la cumbre de jefes de gobierno de la UE, Tsipras tiene previsto entrevistarse con Angela Merkel y François Hollande.

Tras este encuentro solo resta la reunión extraordinaria del Eurogrupo, prevista para finales de la próxima semana o los primeros días de junio. Para entonces la decisión ya debe estar clara.