El sindicato ELA considera que el archivo por parte de la Fiscalía de su denuncia contra las Haciendas de la CAV por las denominadas «vacaciones fiscales» deja a «la ciudadanía indefensa ante actuaciones ilegales». A su juicio, «el pago con dinero público de una multa de 30 millones de euros por el hecho ‘incuestionable’ de haber incumplido una sentencia nunca debería quedar sin sanción para los responsables».