Ramón SOLA
donostia
PROCESOS POLÍTICOS EN EUSKAL HERRIA

Recusan al juez instructor por prejuzgar la querella a Arraiz

No es habitual que un juez sea recusado en la fase inicial del proceso, pero menos aún lo es que la mera admisión de una querella se convierta en un auténtico escrito de condena. Ha pasado con Hasier Arraiz en el TSJPV, por su conocido «jaque mate» a la Guardia Civil.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) decretó el 25 de mayo la admisión de la querella de Dignidad y Justicia contra el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, por «ultraje» e «injurias y amenazas» a las FSE. Hasta aquí el asunto tiene su punto de habitualidad si se recuerdan otros procesos políticos o la investigación que sufrió Arraiz en esa misma instancia por otras declaraciones sobre la trayectoria de la izquierda abertzale en los últimos 35 años. Lo que resulta inusitado es que un auto que solo inicia el procedimiento incluya argumentos propios ya de la condena, como este: «Las declaraciones son objetiva y gravemente injuriosas».

Así las cosas, Arraiz ha tomado otra medida también poco habitual: recusar al magistrado encargado de instruir el sumario, que arrancará cuando Dignidad y Justicia ponga la fianza de 1.500 euros necesaria. Se trata de Roberto Sáiz, que firma este auto inédito junto al otro juez más conservador de la sala, Antonio García, y al presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra.

Enfrente se sitúan Nekane Bolado y Francisco de Borja Iriarte, que firman votos particulares en los que se recuerda el derecho a la libre expresión y se evoca cómo Estrasburgo revocó la condena a Arnaldo Otegi por llamar al entonces Rey español «jefe de los torturadores».

Hasier Arraiz hizo las declaraciones tras la redada de enero que detuvo a dieciséis personas relacionadas con la asistencia a los presos. Se trataba de una valoración política sobre un tema de evidente interés general, y que se basaba en parafrasear el nombre dado a la redada por la propia Guardia Civil (‘‘Mate’’, en continuación del ‘‘Jaque’’ con que se bautizó otra operación anterior). Arraiz dijo que es hora de que la ciudadanía vasca dé «jaque mate» a la Guardia Civil.

Lejos de cerrar el caso o de limitarse a abrirlo, Sáiz y sus dos compañeros introducen consideraciones que suponen claramente prejuzgar el asunto, hasta el punto de dejar escrito que las declaraciones «resultan subsumibles en el tipo del artículo 504.2 del Código Penal».

Sobresale que todo ello se diga cuando ni siquiera se ha escuchado a Arraiz en sala judicial. Pero la mayoría del TSJPV parece tenerlo muy claro al poner negro sobre blanco que sus frases «son de extraordinaria gravedad». «No hay animus iocandi, narrandi, criticandi, informandi», añade el auto en un evidente intento de superar de entrada el derecho a la libre expresión que ampara a Arraiz.

«Fomenta clima de odio»

En realidad, todo el auto es un catálogo de frases propias de una sentencia. Ahí van algunas: «Hay una descalificación apriorística plena y sin paliativos de la Guardia Civil. Y ello simple y llanamente por lo que es: un Cuerpo de Seguridad del Estado. Y por tanto, y solo por eso (...), un cuerpo vengativo, criminal y terrorista». Más adelante se acusa a Hasier Arraiz de «suscitar emociones de base» que «contribuyen a fomentar un clima social de rechazo, hostilidad y odio profundo e irracional hacia los miembros del cuerpo».

Habiendo suscrito todo ello el juez encargado de instruir, no cabe duda de que el caso queda abocado a juicio ya desde el inicio. Salvo que Sáiz se abstenga o bien prospere esta recusación presentada de modo paralelo.

 

Sáiz y García, del «caso Atutxa» a esta doble embestida

El instructor recusado, Roberto Sáiz, y el firmante de este polémico auto, Antonio García, son veteranos en esta sala y han protagonizado antes otras acciones muy polémicas, como la insistencia en sentar en el banquillo al entonces presidente del Parlamento de Gasteiz, Juan María Atutxa, por no disolver el grupo Sozialista Abertzaleak tras la ilegalización. El caso lo cerró en 2004 la jueza Bolado y la Fiscalía no acusaba, pero estos jueces forzaron que se reabriera y juzgara.

Este proceso a Arraiz tiene un precedente cercano y conexo. Ambos admitieron también la querella contra el presidente de Sortu por sus declaraciones sobre los últimos 35 años de la izquierda abertzale, pese a que la Fiscalía pidió el archivo y había un voto particular. Y ahora vuelven a hacerlo con dos votos particulares en contra y mediante un auto muy revelador.R.S.