Un año más, Irun acogió ayer dos alardes, el que prohibe la participación de todos y todas y el que no veta a nadie. Este último, más concurrido que nunca, contó con el apoyo de la directora de Emakunde, la adjunta al Ararteko y representantes de algunos partidos. Pero, a diferencia de los últimos años, destacó la ausencia del diputado general de Gipuzkoa y la presidenta de las Juntas Generales, en dirección contraria a la que sigue la sociedad, hacia una verdadera normalización, como demuestran la cada vez mayor participación en el alarde mixto y su paulatina mayor aceptación y apoyo en la localidad.

Ello no quiere decir que los representantes de la Diputación tengan obligación de hacer acto de presencia en el Alarde de Irun, como no tienen que acudir a todas las localidades en fiestas. Ciertamente, no tienen por qué hacerlo. Igualmente, tampoco tienen por qué acudir el Ararteko ni Emakunde. Pero la presencia de representantes tanto de esas instituciones como de la Diputación guipuzcoana durante la pasada legislatura responde a una carencia institucional evidente, como es la ausencia del alcalde de Irun en el recibimiento al alarde mixto. No debería ser necesario recordar una obviedad como es el hecho de que el Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, no representa únicamente a un partido o a ciertos votantes, ni exclusivamente a los participantes en el alarde que veta la presencia de mujeres en sus filas o a sus partidarios, sino a todos los irundarras, de cualquier partido y preferencia a la hora de disfrutar sus fiestas, incluidos quienes quieren una sociedad más igualitaria; representa a todo el pueblo de Irun, en definitiva. La obligación del alcalde, por tanto, es no discriminar a nadie, a ningún grupo ni individuo y, en consecuencia, ayer debía haber recibido a los dos alardes.

La situación en Irun se va normalizando relativamente, pero en el camino hacia esa normalización faltan quienes más empeño deberían poner en ella: las instituciones.