Llevamos casi tres años en estas negociaciones. ¿Cuánto más van a durar?

Poco. No soy capaz de darle un plazo porque esa es la pregunta del millón de dólares, pero sí me parece claro que el proceso está llegando a su fin, por bien o por mal. Sea porque logremos un acuerdo, ya que estamos trabajando en la recta final de los temas de fondo. O por mal, si, como está ocurriendo, la paciencia de los colombianos se agota. El riesgo es real. Yo sí quiero decirles a las FARC con toda seriedad: «Esto se puede acabar. Algún día es probable que no nos encuentren en la mesa de La Habana». Realmente lo que está ocurriendo es insoportable para los colombianos.

¿Por qué está estancado el tema de la justicia que se aplicaría a las FARC?

Porque ahora no es lo mismo que en las negociaciones que se hacían antes. Ahora existen el Tribunal de Roma y la Corte Interamericana, la legislación interna también ha cambiado, hay fallos de nuestra Corte Constitucional según los cuales no se puede suspender la totalidad de las penas. Pero, además, el país exige justicia sin amnistías generales. Eso no lo vamos a hacer. Y están las víctimas, que merecen justicia. Por eso es el territorio más difícil de la negociación. Las FARC tienen que asumir las responsabilidades de sus actos. El Estado también, naturalmente.

Explíqueme, en términos elementales, ¿qué es la justicia transicional que ustedes le plantearon a las FARC?

Lo que hemos dicho en la mesa es lo siguiente: a partir del marco jurídico para la paz, existe la posibilidad de seleccionar, en primer lugar, los hechos más graves, para que sirvan como patrón o referencia: una masacre, secuestros, violencia sexual. Una comisión independiente hace esa selección que le sería entregada a la Fiscalía para que escoja quiénes fueron los que cometieron esos delitos que tienen carácter internacional. Lo que se busca es limitar la acción penal a ese tipo de delitos y a sus máximos responsables. A ellos se les aplicaría la misma pena que dictan las leyes vigentes, pero que podría reducirse a una pena alternativa que se pague en condiciones de dignidad, sin rejas ni piyamas rayadas. Pero hay que asumir las consecuencias judiciales de los actos, reparar a las víctimas y dar garantías de no repetición. Eso es lo que hemos llamado «justicia transicional» que ya las FARC, en un paso que les reconozco, han dicho que están dispuestos a aceptar un sistema de justicia que tenga esos componentes.

¿Ese tema de la justicia y las penas es lo que tiene bloqueado el proceso?

Solo en buena parte. También hay una presión de las FARC para buscar un cese bilateral del fuego. Esa es su prioridad. Nosotros hemos dicho: cese del fuego bilateral y definitivo, pero no solo del fuego sino también de las hostilidades, la extorsión, el narcotráfico. Eso sí: en condiciones de seriedad y de verificación. Mi respuesta a las FARC es: si lo que están buscando con estos atentados es un cese del fuego mal hecho –como en el juego infantil llamado «estatua», en que el otro tiene que quedarse quieto–, no lo vamos a hacer. No habrá cese del fuego «estatua». Entre otras cosas porque aquí hay otras fuentes de violencia, distintas a las FARC, y no podemos decirle a la fuerza pública que se esté quieta. Si quieren un cese del fuego, el Gobierno está dispuesto a anticiparlo, para lo cual son fundamentales las zonas de concentración. Ese es el camino.

¿Pero, entonces, el Gobierno está dispuesto a aceptar un cese bilateral del fuego antes de firmar el acuerdo de paz?

Esa pregunta nos lleva a un punto crítico y esencial. Al principio la posición del Gobierno era que el cese del fuego solo ocurriría con el acuerdo. En ese punto hemos cambiado. Estamos dispuestos a aceptar un cese del fuego, aún antes de la firma de un acuerdo, en la medida en que sea serio, bilateral, definitivo y verificable, siempre y cuando tengamos la garantía de que ellos asumen su responsabilidad en materia judicial y verificación nacional e internacional. Que no conviertan esto en una especie de payasada. Las experiencias del pasado, en esa materia, son pésimas.

A propósito de víctimas y reparaciones: se han entablado hasta ahora más de 22.000 demandas por despojo de tierras. ¿Usted cree que sí habrá una auténtica restitución?

Creo que sí. Ya se habla de 22.000 hectáreas que están a punto de ser recuperadas en los Llanos Orientales. Parece una paradoja, pero, hablando con el director del Incoder, me decía que a veces lo que impide la reparación es el propio conflicto. Hay zonas donde no pueden entrar ni los jueces ni nadie. Si hay un final del conflicto, lo primero que se acelera es la estabilización del campo. Tenemos que restablecer las zonas rurales. El jovencito que mata a alguien en la ciudad, para robarse un celular, puede ser el hijo de un desplazado. Por eso el eslabón de la cadena de violencia comienza allá pero termina afectando a todos los colombianos.

Hablemos de la Comisión de la Verdad. El procurador Ordóñez ha dicho que fue hecha «a la medida de las FARC» y que, en consecuencia, no será una comisión que trabaje con la verdad de las víctimas sino de los victimarios.

Si queremos dar el paso a una paz duradera, la verdad es un ingrediente necesario, como la justicia y la reparación. Es con todas las realidades, las macabras acciones de las FARC pero también las de otros agentes, incluso del Estado, hay que reconocerlo. En el mundo de hoy no es posible hacer una paz sin la verdad. Porque el centro de esto, y el ancla, son las víctimas. En 1991 intentamos hacerlo sin que aparecieran las víctimas, y ahora estamos pagando ese error. La gente humilde me agarra del brazo, angustiada, y me dice: «Doctor, ¿qué pasó con mi hijo o con mi padre?». Y me dicen que, más que reparaciones económicas, lo que quieren es saber la verdad.

¿Y cómo se escogerían esos comisionados?

Primero se crea un grupo de seleccionadores, de los cuales seis serán convenidos por las partes. (Eso es lo que irrita a algunos). Y luego tres seleccionadores más, escogidos por instituciones o personas de reputación internacional, como el Papa o las Naciones Unidas. Estamos hablando de gente de ese tamaño. Entre todos ellos, escogerán a nueve comisionados integérrimos, independientes y honestos que juzguen todas las verdades. Lo que no funciona, precisamente, es que haya verdad oficial. A eso nos oponemos. Comprendo que, mientras en el exterior aplauden ese proyecto, aquí haya personas que creen que eso es una trampa y que no va a funcionar.