Fue un instrumento de movilización electoral de Javier Maroto y del PP y había quedado un tanto en el olvido. Pero ayer volvió a ser noticia porque el Gobierno de Lakua anunciaba que había emitido un criterio desfavorable sobre la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular de la Renta de Garantía de Ingresos, al considerar que «va en la línea de endurecer los criterios de acceso a la RGI dejando fuera del sistema de protección al eslabón más débil de la cadena».

Todas las iniciativas de ley que no parten del propio Gobierno son remitidas a éste para que informe favorable o desfavorablemente sobre su tramitación, aunque su decisión es meramente informativa. Pero en este caso el anuncio del Ejecutivo conllevó que, de inmediato, PNV, EH Bildu y PSE reaccionaran reafirmándose en que ninguno de ellos apoyará tampoco la tramitación de esa ILP cuando se someta a votación.

Javier Maroto, aunque está ya fuera del Parlamento, calificó como una «tomadura de pelo» la decisión del Gobierno de Lakua. Entre tanto, Arantza Quiroga anunciaba que el PP seguirá llevando el tema a la Cámara «con la misma fluidez y constancia redoblada».

Viciada de origen

La ILP sobre la RGI nació ya viciada de origen, puesto que la iniciativa legislativa popular está pensada para que la utilicen organismos u asociaciones que están fuera del Parlamento. En este caso, sin embargo, se usó por parte de Javier Maroto y el PP como un elemento de movilización electoral.

Para ello crearon la asociación “Ayudas más Justas”, a la que dotaron de locales, infraestructura y personal para recoger firmas para una ley que el PP podía haber propuesto directamente en el Parlamento.

Anunciaron haber recabado 41.208 firmas. La oficina del Censo Electoral da cuenta de haber registrado 39.948, de las que 2.605 no fueron localizados como electores y, por tanto, no fueron validadas.

Oposición general

Los contenidos de la ILP sobre la RGI siguen contando únicamente con el apoyo del PP y el rechazo absoluto del resto de grupos parlamentarios y del Gobierno.

El Ejecutivo autonómico emitió un criterio desfavorable y el PNV anunció también su voto en contra.

Eva Blanco, de EH Bildu, afirmó que «no se pueden amparar iniciativas legislativas populares que anulen derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales».

José Antonio Pastor, del PSE, apuntó que superado este punto Lakua debe atajar el fraude existente y garantizar que nadie que lo necesite se quede sin prestación.