El Consejo de Ministros ha decidido interponer dicho recurso contra el artículo de la ley 9/2015, concretamente el apartado sobre «ordenación de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva» de la administración tributaria catalana.

Explica que el artículo cuenta con dos disposiciones relativas a la «integración voluntaria y reconocimiento del derecho de funcionarios» en los cuerpos superiores de inspectores tributarios y técnicos de gestión, «ambos de la Generalidad de Cataluña», lo que finalmente provoca que se excluya «el derecho de acceder en condiciones de igualdad al resto de interesados del resto de España».

El Gobierno argumenta que dicha ley vulnera el derecho fundamental del artículo 23, «por el que los ciudadanos de toda la nación tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes».

Asimismo, se vulneraría el artículo 103.3 de la Constitución que establece el acceso a la función pública «de acuerdo con los principios de mérito y capacidad», así como los artículos 55 y siguientes del Estatuto Básico del Empleado Público, «relativos al acceso al empleo público y la adquisición de la relación de servicio. El proceso de integración que plantea la norma catalana es contrario al Estatuto Básico del Empleado Público, que no regula este tipo de proceso», puntualiza en la referencia.