La empresa propietaria de la central nuclear de Garoña no está realizando las inspecciones requeridas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares, Francisco Castejón, indicó ayer en declaraciones a la agencia Efe que el Plan de Inspecciones que ha ordenado el CSN para evaluar la petición de alargar el funcionamiento de la planta atómica hasta los sesenta años, lo que supondrá mantenerla activa hasta 2031, costaría unos 10 millones de euros y la titular de Garoña no lo está realizando.

Castejón explicó que el elevado coste se debe a que las mediciones que ha ordenado el CSN requieren de personal especializado y aparatos especiales que habría que llevar de otros estados, y se mostró convencido de que Nuclenor no quiere realizar un gasto tan elevado por la incertidumbre política y técnica.

A su juicio, un cambio de Gobierno en las próximas elecciones, previstas para otoño, podría suponer que el nuevo Ejecutivo apostara por el cierre de la planta; por otro lado, las inspecciones podrían concluir que son necesarias nuevas mejoras que harían la instalación económicamente inviable y tendrían un «carácter disuasorio» para la empresa, participada al 50% por Endesa e Iberdrola.

Castejón opinó también que Nuclenor no está dispuesta a una inversión multimillonaria para reabrir Garoña por el riesgo de que se produzcan nuevos problemas o algún accidente que aboquen a la planta al cierre antes de recuperar esa cuantiosa inversión. A este respecto, el portavoz de Ecologistas en Acción consideró que lo que quiere la propietaria de la central nuclear burgalesa, la más vieja del Estado, es que el Gobierno español incluya en el permiso de prórroga el compromiso de indemnizar a Nuclenor por lucro cesante en el caso de que la planta cierre antes de 2031 por una decisión política y no por razones de seguridad.

Con una gran contestación social, política e institucional en Euskal Herria, hoy por hoy prácticamente unánime, la central nuclear de Garoña lleva años envuelta en la polémica y cada vez son más los agentes que rechazan una eventual reapertura.

Y es que en diciembre hace tres años que Nuclenor decidió parar la actividad de Garoña por razones económicas, ante la subida de impuestos y tasas que tendría que afrontar, además del elevado coste de las inversiones que exigía el Consejo de Seguridad Nuclear para alargar su vida útil hasta 2019. Sin embargo, el pasado mes de mayo, la propietaria de la nuclear solicitó alargar el funcionamiento de Garoña hasta los 60 años, cuando en principio se había previsto su cierre al cumplir cuarenta.

Con todo, para recibir el preceptivo visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear, la central de Garoña tendría que cumplir los requerimientos técnicos que ya había establecido previamente el órgano de control, las condiciones fijadas para todas las plantas nucleares europeas a partir del accidente de la central japonesa de Fukushima y realizar una serie de inspecciones complejas y muy caras de las que se podrían deducir nuevas obligaciones de inversión.

Y en el caso de un informe contrario a la prórroga del CSN, la central debería cerrar definitivamente e iniciar el desmantelamiento. Además, aun en el caso de que el CSN diera el visto bueno a la petición de Nuclenor, la decisión última quedaría en manos del Gobierno español, pendiente del resultado de las próximas elecciones.

El pasado febrero todos los sindicatos vascos, las asociaciones más representativas del sector primario, profesionales de la salud, movimientos sociales, alcaldes y más de 50 profesores del campus alavés de la UPV, además de representantes del PNV, EH Bildu y PSE, se manifestaron junto a miles de personas en Gasteiz para exigir el cierre definitivo de la central nuclear.