Disfrazados de guardias civiles y con tijeras en las manos los miembros de Berri Otxoak tomaron ayer las calles de Barakaldo para denunciar los recortes aplicados por el Gobierno local, en manos del PNV. Según denunció la plataforma, creada para defender los derechos sociales y luchar contra la exclusión social, el Gabinete de Amaia del Campo aprobó el pasado mes de agosto un Decreto de Alcaldía que establece un tijeretazo del 50% en la cuantía a percibir por las familias para el acceso y el mantenimiento de la vivienda habitual. Una polémica medida con carácter retroactivo que afectará a las solicitudes cursadas a partir del 25 de marzo.

En un comunicado, Berri Otxoak destacó que, en apenas tres meses, «el nuevo equipo de gobierno ha frustrado las ansias de cambio en políticas sociales o en formas de actuar, que la mayoría de vecinos demandaba en la localidad fabril», donde el 18% de la población activa se encuentran desempleada –el 69% de estas personas carece de un subsidio o de una prestación–. Además, el pasado curso 4.500 personas se acercaron al Banco de Alimentos y cerca de un centenar acude todos los días al comedor de Cáritas.

Para hacer frente a esta situación, Berri Otxoak instó ayer a las instituciones a garantizar los fondos económicos suficientes para atender a los demandantes de ayudas sociales. «Para que ninguna familia se quede sin la ayuda que le permita cubrir a todos sus miembros sus necesidades más básicas en materia de vivienda, atención sanitaria o educación», añadió.

Asimismo, exigió que no se apliquen nuevos recortes, «menos aún» en las partidas destinadas al acceso y al mantenimiento de la vivienda habitual. A este respecto, solicitó al PNV que no apruebe ninguna orden que reduzca la asignación económica a percibir por las familias solicitantes; y reclamó la eliminación de los decretos de minoración y priorización, así como la supresión del límite de 10.000 euros en el ahorro máximo del que pueden disponer las familias que se ven obligadas a solicitar prestaciones sociales.

Además, la plataforma reclamó más personal en los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo y nuevas medidas de acogimiento y acompañamiento para las familias que han de ser atendidas. Por último, Berri Otxoak instó al Ejecutivo jeltzale a cumplir la Ley de Servicios sociales, que establece que los municipios de más de 20.000 habitantes han de contar con un albergue para personas sin hogar.