La cláusula suelo fue declarada nula por el Tribunal Supremo en sentencia de 9 de mayo de 2013, a la que han seguido «innumerables pronunciamientos» de juzgados y audiencias provinciales en el mismo sentido, explicaron ayer miembros de Stop Desahucios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en Donostia.

La comparecencia se produjo a raíz de que durante estos días de verano la entidad Caja Rural de Navarra ha remitido a sus clientes con cláusula suelo una «engañosa oferta» consistente en cinco propuestas que el cliente «debe aceptar en un plazo de 15 días desde su recepción», señaló la plataforma, al que se le unieron algunos de los clientes afectados.

Stop Desahucios quiso alertar a los usuarios de esta entidad del «riesgo» que contienen esas propuestas incluidas en la oferta. Denunciaron que la aceptación de alguna de ellas conlleva «automáticamente la renuncia al ejercicio de cualquier tipo de acciones judiciales en relación con la cláusula suelo».

A juicio de la plataforma, este hecho resulta «especialmente grave» porque en este momento son varias las audiencias provinciales que, discrepando de la Doctrina del Tribunal Supremo, que limita la devolución a las cantidades cobradas a partir del 9 de mayo de 2013, han planteado la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, resultando «más que probable» que exija el cambio en la Doctrina del Tribunal Supremo y la retirada inmediata de la cláusula suelo con devolución de todo lo que por su aplicación hubiera abonado el consumidor.

Otras ofertas

Las ofertas remitidas por Caja Rural también conllevan la aceptación de mantenerla de manera «amortiguada» por 2, 5, o 20 años, redondeada al 2,25% o 2,50% hasta la aplicación del interés realmente contratado y firmado en los préstamos, referido al Euríbor más un diferencial que oscila alrededor del 0,5 al 1%; o la retirada de la cláusula suelo a condición de incrementar en un 1% el diferencial contratado que se suma al Euríbor hasta la finalización del préstamo, según los casos.

Stop Desahucios también ve «abusivas» las comisiones de reclamación (30 euros) o, «especialmente», el valor de tasación de la vivienda que se incorpora al contrato, «muy inferior, en ocasiones hasta la cuarta parte», del valor real de la tasación.