El Ayuntamiento de Barcelona rechazó ayer adherirse a la Associació de Municipis per la Independència (AMI). Lo hizo en un pleno extraordinario forzado por los tres partidos independentistas presentes en el Consistorio: CiU, ERC y CUP. Un pleno que la propia CiU había rechazado a lo largo de toda la anterior legislatura al frente del Gobierno municipal con el pretexto (válido también ahora) de que no existía la mayoría suficiente para que prosperase. Suena a gol en propia puerta del independentismo porque lo es.

Los impulsores de la votación trataron ayer de maquillar el rechazo destacando que los votos a favor de la adhesión fueron más que los votos en contra. En efecto, los 17 votos de CiU, ERC y CUP fueron más que los 12 en contra que sumaron PP, Ciutadans y PSC, pero se quedaron a cuatro de la mayoría absoluta de 21 concejales, imprescindible para adherirse a cualquier entidad municipalista.

La clave la tenían los 11 concejales de Barcelona en Comú, la plataforma encabezada por la alcaldesa, Ada Colau. Pese a las demandas de los partidos independentistas, la plataforma no dio libertad de voto a sus concejales (lo cual hubiera abierto la puerta a la aprobación, ya que algunos concejales son independentistas declarados) y optó por la abstención en bloque. Pero pese a las protestas y las críticas de los independentistas, no hubo traición alguna, ya que la abstención estaba más que anunciada desde hacía días. Pese a ello, los partidos independentistas, mantuvieron la votación de todos modos.

A modo de protesta, el líder de ERC en el Consistorio, Alfred Bosch, anunció la retirada del apoyo de su partido al equipo de Colau (votó a favor de su investidura). También criticó duramente a Colau la concejal de la CUP Maria Rovira, que colocó una placa de la avenida Borbón de Barcelona en medio del salón de plenos, como protesta por el veto del resto de grupos al debate sobre el nomenclátor propuesto por la formación.

En respuesta a las críticas, el concejal de Barcelona en Comú Jaume Asens (de perfil cercano al independentismo) explicó las tres razones que llevaron a su grupo a la abstención: el respeto a la pluralidad interna, el carácter partidista y electoralista de la votación y el compromiso de su candidatura con la convocatoria de una consulta ciudadana sobre la cuestión.

Ya al final del breve pleno (acabó para las 11.30), Colau tomó la palabra para anunciar que el Gobierno municipal «toma nota de la votación; este tema no está cerrado». «Seguiremos hablando, con más calma seguramente después de las elecciones», remató, volviendo a recordar de paso el compromiso de su candidatura con la celebración de una consulta para decidir la adhesión a la AMI.

CSQP plantea eternizar el proceso

El debate sobre la independencia incomoda a Catalunya Sí que es Pot (CSQP), la candidatura que reúne a ICV-EUiA y Podemos, y que con más empeño trata de negar el carácter plebiscitario del 27S (el unionismo puro y duro lo tiene más que asumido). El debate soberanista es un elefante en medio de su oficina que todos se esfuerzan en ignorar. Para salir al paso, su candidato, Lluís Rabell, propuso ayer un «pacto por la democracia» que defienda la celebración de un referéndum para decidir el futuro político de Catalunya. «El conflicto con el Estado solo se puede resolver democráticamente con un referéndum con garantías y vinculante, reconocido por todos. Y para eso no hay sustitutos ni atajos como unas elecciones al Parlament», defendió Rabell.

Es decir, el expresidente de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) propuso regresar a la casilla de inicio y volver a recorrer el camino en defensa del derecho a decidir transitado sin resultados positivos durante los tres últimos años. Lo hizo dando por hecho que las elecciones generales de diciembre instalarán en Madrid un gobierno con Podemos al frente, favorable al derecho a decidir.

El independentismo, que con el respaldo de todas las pruebas demoscópicas habidas y por haber, recela de semejante vuelco en Madrid, ni siquiera valoró la propuesta de Rabell. Más bien al contrario, Junts pel Sí presentó ayer un informe sobre la viabilidad de un Estado catalán, prometiendo una ganancia fiscal de 11.594 millones de euros y asegurando que las pensiones están garantizadas. Por su lado, la ANC presentó otro informe en el que dice que con la independencia podrían crearse casi medio millón de nuevos empleos.B.Z