El derecho al aborto puede ejercerse en la sanidad publica en la CAV y próximamente también se podrá en la de Nafarroa. Sin embargo, no es aún algo normalizado. Es la reflexión que trasladan a GARA representantes de diversas organizaciones de mujeres y del movimiento feminista.

El anuncio del Gobierno navarro de que por fin las mujeres podrán abortar en la sanidad pública del herrialde se ha recibido con satisfacción en sectores progresistas y, particularmente, en el movimiento feminista, en la medida en que supone un paso importante y encierra una fuerte carga simbólica que tiene mucho que ver con la idea de dejar atrás tabúes y presentar esta cuestión como algo que no se tiene por qué ocultar.

No es esta una cuestión baladí, dada la confusión creada tras el intento de reforma del PP y la constatación de que, aun existiendo la opción en la red pública, algo empuja a las mujeres a recurrir a la sanidad privada. Quizá, como comentan, porque quienes pueden costeárselo piensan que es más rápido y sencillo ir a la privada.

A la pregunta de si en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, donde esta asistencia está garantizada desde hace años, las mujeres abortan en la sanidad pública, las fuentes consultadas responden que sí, pero en un porcentaje todavía menor comparado con las que lo hacen en clínicas privadas. Ocurre, por otra parte, que la mayor parte de las intervenciones financiadas por el servicio público de salud de Lakua se realizan en centros privados. El dato aparece reflejado en una respuesta reciente del Servicio de Salud del Gobierno de Lakua a una pregunta formulada por el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro. Según las cifras aportadas por el consejero Jon Darpón, el pasado año en la CAV se realizaron un total de 3.329 intervenciones de interrupción del embarazo financiadas por el sistema sanitario público. De este total, 2.839 se practicaron en centros privados. Las cantidades abonadas a las clínicas privadas oscilan entre los 81.720 y 196.670 euros y, según la misma estadística, la mayor parte de las intervenciones practicadas se hicieron a mujeres de entre 30 y 34 años (786). Les siguen la franja de edad de entre 20 y 24 años (717) y la de entre 35 y 39 (620). El Departamento cuantificó 13 casos de menores de 15 años y 356 de jóvenes de entre 15 y 19 años.

Sobre esta estadística, precisó que incluye las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas fuera de la CAV a mujeres residentes en los tres herrialdes. Consultadas por GARA sobre la razón por la que las intervenciones se derivan a la privada, fuentes del Departamento de Salud de Lakua explicaron que cuando la intervención responde a casos con complicaciones se realizan directamente en quirófanos de Osakidetza, mientras que el resto se desvía a clínicas privadas. Sí precisaron que las mujeres tienen la opción de elegir el hospital.

Falta de información, confusión...

Adoptada la decisión, el primer contacto es a través de la consulta del médico de familia o la matrona. Sin embargo, Libe Altzategi del Módulo de Rekalde –un centro concertado con larga trayectoria en la atención a la salud reproductiva de las mujeres–, remarca que hay falta de información. En su centro tratan a mujeres derivadas de la sanidad pública y a mujeres que acceden directamente de forma voluntaria, aun no contando con tarjeta sanitaria. «Hay matronas que directamente derivan a las clínicas privadas, las usuarias no son conscientes de que también pueden acudir a este centro... La mayoría, si no les llega por el boca a boca, no tienen esa información», apunta.

Para Oihana Etxabarrieta, de Bilgune Feminista, lo que ocurre con el aborto es una muestra más de la senda emprendida en la privatización de la sanidad, cuando en el caso del aborto considera que sería «más sencillo y más público» que todo el proceso se hiciera en la red pública. Destaca que hay muchas razones por las cuales las mujeres pueden tomar la decisión de recurrir a centros privados. «Puede influir todo el embrollo creado en torno a la reforma de la ley y seguramente la necesidad de recurrir a un espacio seguro si crees que el derecho al aborto está en cuestión o no sabes muy bien cómo está». Lo importante, a su juicio, «es concienciar e informar sobre los derechos y de que tenemos la posibilidad de realizar todo el proceso de forma libre, pública y gratuita en la sanidad pública», donde las intervenciones tienen «todas las garantías».

Anabel Sanz, representante de Feministalde en la coordinadora a favor del aborto de Bizkaia, agrega en su reflexión que muchas jóvenes «no tienen la sensación de que van a ejercer un derecho como otro cualquiera, parece que van a hacer algo que tienen que ocultar». Según comenta, «muchas veces no se atreven por lo que hay alrededor, por la presión social, por la invisibilización, el ocultamiento, por llevar al ámbito de lo privado todo lo que tiene que ver con la maternidad y con el cuerpo de las mujeres y, luego, porque no sabes lo que te vas a encontrar, porque no hay carteles en el ambulatorio que te informen sobre el aborto como te informan de qué hacer si tienes el colesterol alto. Esto dificulta el ejercicio del derecho por mucho que esté reconocido», explica, y agrega que hay que sumar las «amenazas» de la Iglesia y toda la publicidad que se ha dado al tema de la objeción de conciencia.

Incide en que «la gente tiene miedo a lo que se puede encontrar, al qué dirán, a sentirse juzgada por el médico o la matrona cuando les diga que quiere abortar, con lo cual, no lo hace. Incluso con el derecho reconocido se está funcionando como si no lo estuviera, se sigue funcionando con las redes sociales, con alguien que conoces y te informa, te acompaña… Es un gran problema y hay que solucionarlo».

En Feministalde han visto la confusión existente tras «el estado de opinión creado por el PP» con el intento de reforma y la modificación introducida para que las mujeres de 16 y 17 años solo puedan abortar con el consentimiento de su tutor legal. Tal ha sido el embrollo, que «a nosotras nos venía gente a preguntar si se puede o no abortar», reconoce Sanz sobre una situación que puede haber retraído a las mujeres.

Por ello, a su juicio, el anuncio del Gobierno de Nafarroa es muy importante. «Salir públicamente diciendo que se van a hacer abortos, darles publicidad, supone lanzar un mensaje de la centralidad que esta cuestión tiene para este Gobierno», subraya.

Equipara este mensaje al que han mandado las mujeres desde las comparsas de Bilbo en Aste Nagusia. «Las mujeres han entendido que es un lugar en el que pueden estar, un lugar de seguridad. Eso es lo que hay que hacer: existe el derecho en los supuestos, pero hay que comunicarlo y decirles a las mujeres que pueden pedirlo y ejercerlo. Llevamos un montón de años en los que nadie ha salido públicamente a decirles a las mujeres que en Osakidetza puede practicarse un aborto, que en las farmacias de la CAV pueden adquirir anticonceptivos», remarca.

En opinión de Sanz, la ideología tiene mucho que ver en las políticas de igualdad, pese a que algunas voces intenten presentarlas como algo neutro. «Hay partidos políticos que tienen como ‘idea fuerza’ llevar adelante las medidas que sean necesarias para garantizar los derechos de las mujeres, y partidos que se apuntan al carro de lo políticamente correcto pero que, en la práctica, se mueven en un terreno difuso», expone, trayendo a colación casos como el del Alarde de Hondarribia. Tampoco pasa por alto la resistencia que opondrá una parte de la sanidad privada que reclamará su parte de negocio.

 

UN «PELIGROSO RETROCESO» para las menores de edad

En medio del debate sobre la senda a seguir hasta lograr un clima de normalidad en el ejercicio del derecho al aborto, irrumpe la reforma de la ley que impide que las menores de edad puedan interrumpir su embarazo sin el consentimiento de sus padres o tutores legales, promovida por el PP y aprobada en el Senado español con los apoyos de Unió y cinco abstenciones del PAR, UPN y Ciudadanos, y el voto en contra del resto de los partidos.

Tanto Anabel Sanz como Oihana Etxebarrieta pusieron en primer plano lo que muestra la experiencia en estos casos hasta la fecha. Recordaron que la mayor parte de las chicas de estas edades que abortan lo hacen acompañadas por sus familias y los casos en los que no lo hacen están generalmente relacionados con situaciones de violencia intrafamiliar. Sanz destacó la desprotección en la que deja ahora la ley a esas chicas que atraviesan por problemas en el seno de la familia y Etxebarrieta apuntó el sinsentido que supone defender que una chica de esa edad pueda ser madre pero no pueda decidir sobre su cuerpo para interrumpir un embarazo.N.G.