El marco estatutario «está en crisis». Así lo cree el Gobierno de Lakua, quien considera, de hecho, que el propio Estatuto ha «mutado» y que se halla «sumido en la desprotección». Esta es una de las principales conclusiones de uno de los ocho informes encargados al Ejecutivo por la Ponencia de Autogobierno del Parlamento, cuyo contenido fue dado a conocer ayer por su portavoz, Josu Erkoreka. En el documento se habla incluso de «auténtico estado de excepción autonómico» aunque, frente a un envite de tal calibre, insiste en defender una reforma estatuaria que garantice una «relación preferentemente bilateral y pactada» con el Estado.

En los informes se censura la «recentralización» emprendida a su juicio por el Gobierno español y en concreto se cita el «abuso» de políticas centralizadoras de «intensidad desconocida hasta el momento», con la crisis económica como principal coartada. También critica la «homogeneización» que observa de los niveles competenciales de las comunidades autónomas.

Asimismo, destaca que «todos los abusos del Estado» han sido «refrendados» por el Tribunal Constitucional –que no deja de ser parte sustancial de ese mismo Estado– y evoca el «efecto devastador» de la sentencia del TC sobre el Estatut de Catalunya.

«Fragilidad» del Concierto

El Gabinete de Iñigo Urkullu analiza además la «fragilidad del sistema del Concierto Económico» y señala de forma crítica que la reforma de la Constitución sobre los límites del déficit «constriñe notablemente la autonomía financiera» de las comunidades autónomas. Del mismo modo, Lakua considera un «importante hándicap» las dificultades halladas para llegar a acuerdos sobre el Cupo.

Cuatro departamentos han participado en la elaboración de los informes, que han sido aprobados para ser remitidos al Parlamento. Erkoreka expresó la disposición del Ejecutivo para colaborar con la Ponencia, y reprochó al Gobierno español no hacerlo, algo que calificó de falta de «lealtad institucional».

Sostiene que un Estatuto «completo» duplicaría el presupuesto

Un Estatuto «completo», con todas las transferencias pendientes ejecutadas y «a pleno rendimiento económico-financiero» podría duplicar el actual presupuesto autonómico, que asciende a 10.638 millones de euros en el presente ejercicio. Es lo que sostiene el Ejecutivo de Lakua en los informes remitidos al Parlamento, donde se indica que la falta de un desarrollo completo de la Ley Orgánica impide aplicar el Concierto Económico al conjunto de competencias asumibles por la CAV, lo que «imposibilita alcanzar el nivel definitivo de financiación» que le corresponde y provoca, apostilla el documento, un «claro perjuicio económico» a la CAV y una «merma» presupuestaria.

Como ejemplo, Erkoreka explicó que si lo que gasta la Seguridad Social en prestaciones contributivas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se incorporase al presupuesto se podrían sumar 7.000 millones aproximadamente a las cuentas, lo que significaría casi doblar su cuantía sin contar con el resto de transferencias pendientes. A este respecto, Lakua recuerda en sus informes que la competencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social corresponde, según la norma estatutaria, a la CAV, y señala que la crisis económica no puede suponer «una rémora para su inmediata y oportuna transferencia». Añade que la viabilidad de un sistema vasco de Seguridad no sería menor a la del Estado en su conjunto. GARA