El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, afirmó que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en setiembre de 2014 en Iguala es un ejemplo de la ola de violaciones a los derechos humanos que tienen lugar en México.

«El caso de Iguala es un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones a los derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México», resaltó el alto comisionado. Destacó que entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, 151.233 personas murieron en el país.

Al Hussein, que el miércoles culminó una visita de tres días a México, destacó que la desaparición de los jóvenes en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, puso de «relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia para las víctimas» y mostró la «debilidad de la Policía».

El alto comisionado destacó, además, que la desaparición de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa «resquebrajó» la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones.

Según la versión oficial, los jóvenes fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron y quemaron en un basurero cercano.

Dicha versión fue puesta en duda por un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe en el que denunció serias irregularidades en la investigación y sugirió una nueva hipótesis sobre el móvil del crimen.

Concluyó que México afronta «una grave crisis de derechos humanos», caracterizada por una situación «extrema de inseguridad, violencia y graves violaciones». Dichas palabras no agradaron al Gobierno mexicano, que de inmediato apuntó que la CIDH dio una visión parcial sobre la realidad del país.

No obstante, Al Hussein compartió las conclusiones de la CIDH. «Respaldo por completo sus hallazgos, que coinciden en gran parte con las opiniones de mi oficina y de varios expertos y órganos internacionales de derechos humanos», manifestó.

También apoyó el informe presentado en setiembre por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, que denunció serias irregularidades en la investigación y cuestionó la versión de la Procuraduría General de la República (Fiscalía) sobre lo ocurrido esa noche, planteando una nueva línea de investigación.