El Ayuntamiento de Iruñea liderará las querellas contra los crímenes franquistas en los juzgados del Estado. Tal y como acordó el pleno el viernes, con los votos del bloque del cambio (EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e Izquierda-Ezkerra) y PSN, la capital navarra será la primera localidad del Estado en recurrir a la Justicia para denunciar la impunidad del régimen fascista. Las asociaciones de víctimas que llevan adelante la demanda que instruye la juez argentina María Servini han mostrado su satisfacción y confían en que la iniciativa se extienda a otros municipios. «Confiamos que esta iniciativa, que se adopta en cumplimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en consonancia con las recomendaciones que desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se ha efectuado en reiteradas ocasiones a España, sea emulada por parte de otros organismos públicos de ámbito municipal, autonómico o estatal», dijo en una nota la coordinadora estatal.

El paso dado por la corporación iruindarra supone una fase más contra la impunidad. Hasta el momento, los querellantes habían recurrido a la Justicia argentina. Sin embargo, tras la demanda de extradición cursada por Servini contra el exguardia civil Jesús Muñecas y el antiguo policía español Antonio González Pacheco «Billy el Niño», se abrió la vía de recurrir a los tribunales del Estado. La Audiencia Nacional española se negó a entregar a los dos torturadores pero planteó que Buenos Aires podía presentar una demanda en Madrid, lugar donde ocurrieron los hechos. Este planteamiento ha sido recogido por Iruñea, que sigue la petición de grupos memorialistas como el Autobús de la Memoria y la Coordinadora Amapola del Camino y pone su equipo jurídico al servicio de las víctimas.

Según explicó Joxe Abaurrea, tercer teniente de alcalde de Iruñea, el proceso se inicia desde ya mismo aunque no tiene fecha exacta para interponer la querella. Lo primero es recabar toda la información posible, tanto de asociaciones como de particulares. Para eso, Abaurrea lanzó el llamamiento a ponerse en contacto con el Consistorio, que establecerá los cauces para reunir los datos. No se puede olvidar que 308 personas fueron fusiladas en Iruñea, entre ellas 7 ediles del Ayuntamiento. A partir de ahí comenzará la labor jurídica. Ahí trabajarán conjuntamente tanto los letrados municipales como los de los grupos de víctimas. Cuando todo esté listo se presentará la denuncia e Iruñea se pondrá a la cabeza en la lucha contra la impunidad.