La ausencia de Florencia Penacchi, Marita Verón o María Cash golpea en la memoria colectiva de los argentinos. Son algunas de las 3.231 mujeres desaparecidas en democracia, un drama estrechamente relacionado, según los autores de un reciente informe, con la trata de personas. El documento “Búsquedas en democracia. Diagnóstico sobre la búsqueda de personas entre 1990 y 2013” es un escalofriante recorrido estadístico que pone en contexto el drama de las desapariciones en Argentina, que afecta sobre todo a jóvenes y adolescentes.

Celeste Perofino, coordinadora de la ONG Acciones Coordinadas Contra la Trata (ACCT), coautora del estudio junto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal de la Nación (PROTEX), asegura que el alto porcentaje de desaparecidas, especialmente de adolescentes, indica que la mayoría de las desapariciones tienen que ver con la trata de personas con fines de explotación sexual, un delito en el que el 99% de las víctimas son mujeres.

Detrás de los datos se esconden historias como la de Sofía Herrera, que se perdió entre los columpios de un parque con solo tres años, o María Cash, interceptada cuando viajaba en autobús al norte del país.

Florencia, de 25 años, salió de casa para retirar un pedido de comida. Nunca volvió. La Policía consiguió establecer un vínculo entre la discoteca que frecuentaba, el camello que le pasaba droga ocasionalmente y una banda relacionada con la trata de personas, pero sigue, tras diez años, en paradero desconocido.

Algo parecido le ocurrió a Marita Verón. Nunca acudió a su cita con el médico el 3 de abril de 2002. La investigación relacionó su desaparición con redes de prostitución en Argentina y una en el Estado español que fue desbaratada en un proceso judicial. Tras el juicio los 13 imputados por el secuestro quedaron en libertad, lo que intensificó la lucha de su madre, Susana Trimarco, que se convirtió en una suerte de icono y cuyos esfuerzos forzaron el endurecimiento de la ya existente Ley de Trata. El veredicto fue recurrido y una nueva sentencia tumbó la anterior, condenando a los acusados.

Recomendaciones

La escasez de recursos y de tiempo explican, en parte, que las causas se investiguen «poco y mal» o que se archiven «muy pronto» pero también hay «desidia» y desconocimiento de vías para afrontar las investigaciones estancadas, asegura ACCT. Por eso, el informe traza unas recomendaciones, como una base de datos más precisa, un protocolo tras la denuncia y agilizar el cotejo con los registros de las personas aparecidas.