El pasado viernes, un grupo de ciudadanos agrupados en la asociación Gidari registraron en los juzgados de Azpeitia la petición de personación en las dos querellas instruidas por aparentes pagos por trabajos falsos en la AP1. Tras dar este paso, Gidari se presentó ayer en sociedad en una rueda de prensa en Donostia, en la que explicó sus objetivos y líneas de acción.

Les une la preocupación por los 30 millones de euros investigados en este escándalo, «porque han salido del bolsillo de las y los ciudadanos». Sus iniciativas serán también divulgativas, pero es en el terreno judicial en el que su aportación puede paliar un vacío clamoroso. Y es que las querellas fueron impulsadas por la anterior Diputación de Gipuzkoa, que lideraba Bildu, pero la actual, conformada por PNV y PSE, ha adoptado una posición radicalmente diferente, por lo que ahora no hay una acción pública eficaz más allá de lo que pueda hacer la Fiscalía.

Amaia Zabaleta, Mikel Martin e Iñigo Louvelli, en representación del resto de Gidari, explicaron a los medios que no tienen intención alguna de entrar en la pugna política que rodea al caso, pero sí de «presionar» para lograr su esclarecimiento. Y esto les lleva a incidir en el ámbito judicial, «porque somos sabedores de que es muy difícil que los casos de corrupción prosperen en los juzgados».

La situación creada por el relevo en Diputación resulta rocambolesca. La nueva diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, afirma que la institución no es ya querellante pero sí acusación particular. Sin embargo, los pasos dados la sitúan más bien como defensora de los exresponsables de Bidegi y de las constructoras que están imputados en Azpeitia: desde el cambio de abogado decretado nada más arrancar la legislatura al reciente informe elaborado por técnicos de Diputación para intentar rebatir las conclusiones de las querellas.

El viraje se ha traducido también en un manto de opacidad sobre el proceso judicial, dado que lógicamente la actual Diputación no tiene interés en revelar nada del caso, al contrario de lo que ocurría con la anterior, que informaba puntualmente y en detalle sobre sus indagaciones y de los pasos judiciales. Las comparecencias de imputados y testigos (entre ellos el diputado general y el alcalde de Donostia, Markel Olano y Eneko Goia) que estaban previstas para octubre quedaron aplazadas, aparentemente sine die. Y EH Bildu y Podemos plantaron a la diputada la pasada semana en Juntas, denunciando que no se les ha facilitado el informe ahora elaborado para rebatir las querellas.

Junto a esta personación judicial, Gidari se propone reunirse con partidos y agentes vascos, así como ofrecer charlas en los pueblos. Explica que está formada «por ciudadanos y ciudadanas de diferentes ideologías y vivencias» e invita a acercarse a la asociación «para aumentar esa presión popular contra la corrupción y que se investigue el caso Bidegi». Para ello usará el correo electrónico gidarielkartea@gmail.com.

Los periodistas se interesaron sobre si la nueva asociación no teme ser ligada con EH Bildu, algo que parece difícil de evitar. Zabaleta y Martin remarcaron que no entran en la refriega política subyacente y que solo les guía el interés de salvaguardar el dinero público. «Lo único que tenemos claro es que hay que investigar qué ha ocurrido aquí», manifestaron antes de apostillar que «esto no tiene que ver con que en Diputación gobierne un partido u otro».