Nhabouha Lakhlifi  abre la puerta de su casa. Empieza a atardecer en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, y en su salón le acompañan tres mujeres, tres madres. Se sienta y empieza a hablar mientras prepara el té entre terrones de azúcar y vasos de cristal. Huele bien. Todas ellas son familiares de desaparecidos saharauis, a todas les falta algo, una parte de sí mismas.

El 25 de diciembre de 2005, durante la Intifada en Bojador, una ciudad en la costa norte del Sáhara Occidental, 15 activistas fueron vistos por última vez. Desde ese momento, los familiares crearon el Comité de Madres de los 15 para «denunciar las desapariciones, saber la verdad y exigir justicia», explica Lakhlifi, portavoz del Comité y hermana de Sidi Abderrahmane Lakhlifi, uno de los jóvenes.

Las Madres de los 15 consiguieron que el caso de sus hijos traspasara las fronteras del Sáhara y llegara en 2009 al Comité de Víctimas de Desapariciones Forzosas de Ginebra, que exigió a Marruecos una investigación. En un primer instante, la Policía marroquí declaró que los 15 jóvenes habían fallecido cuando intentaban cruzar a Canarias en una patera. Pero las familias no lo ven así. «Si mi hijo hubiera querido emigrar, antes nos habría avisado. Han mamado la rebeldía de los pechos de sus madres y nunca hubieran abandonado el Sáhara», responde Eddia Embarka, y añade: «Mi hijo fue desaparecido por la Policía marroquí».

El Gobierno alauí, ante la presión internacional, presentó dos cadáveres sin una identificación verificable encontrados en la playa como parte de los 15, pero se negó a hacer la autopsia y a esclarecer el lugar, las fechas y las causas científicas de las muertes.

La Policía y la Justicia dieron el caso por cerrado. Diez años después, las heridas duelen todavía y la verdad no ha sido clarificada. La desaparición no resuelta de un familiar es un vacío demasiado grande. No saber qué ha pasado con él, si lo han torturado, si lo han encarcelado. Si está vivo o si está muerto.

Pérdida Ambigua

La doctora norteamericana Pauline Boss estableció durante la década de los setenta la «teoría de la Pérdida Ambigua», una sensación experimentada cuando se sufre una pérdida incierta, confusa o inexplicable sin una certificación de la muerte.

Los familiares no pueden realizar los ritos culturales o religiosos tales como la velación o el entierro con los que tradicionalmente se pone fin a la vida. Se trata de un duelo no resuelto y las personas afectadas quedan en busca de respuestas. «Es muy duro no saber si tu hijo está vivo o muerto y preguntártelo cada día, nunca te sientes completa porque te falta algo», cuenta Hadia El Aoud, madre de uno de los 15. Según dicha teoría, se sufren profundas perturbaciones psicológicas y físicas. Depresión, ansiedad, sueños angustiosos. Los síntomas son similares a los del estrés postraumático, con la diferencia de que el trauma se alarga de forma indefinida. Es el día a día al que se enfrentan más de 600 madres saharauis que sienten como el que más la necesidad de que se resuelva una ocupación que dura ya 40 años. «Podemos reír por fuera, pero nuestros corazones están tristes», subraya Salam Madkori, otra de las madres. Sin duda, el tratamiento más eficaz sería conocer la verdad.

Para las familias, resulta complicado volver a su día a día, a la rutina. Refugiarse en el Comité es el único consuelo que encuentran algunas de las madres. Es la mejor forma de sentir que hacen todo lo que está en su mano para volver a ver a sus hijos. Después de diez años, no han sido olvidados y sus familias mantienen la esperanza. «Mi nieto lleva el nombre de mi hijo desaparecido y lo tenemos muy presente en cada encuentro y en cada momento importante de nuestra vida», explica Madkori.

La desaparición forzada, de acuerdo a la legislación internacional, viola varios aspectos esenciales de los derechos humanos. El derecho a la libertad, a la dignidad y a la seguridad desaparecen con la persona. El derecho a no ser torturado ni sufrir otras formas de trato inhumano o degradante se ve vulnerado en la mayoría de los casos. Y el derecho a las condiciones de detención adecuadas, a un juicio justo y a la representación legal, también son transgredidos.

Contra los Derechos Humanos

Según la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (ASVDH), desde el inicio de la ocupación marroquí en 1975, más de 1.000 saharauis han sido secuestrados y más de 600 continúan desaparecidos. Es una constante que se repite en todo el Sáhara Occidental y desvelar la suerte de esas víctimas es esencial para una futura solución del conflicto.

De la necesidad de denunciar el sufrimiento nació ya en 1989 la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), que es miembro observador de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de la Coalición Internacional contra la Desaparición Forzada. Dicha asociación defiende el derecho a conocer la verdad, a la justicia y a la reparación y exige a Marruecos que ponga fin a la política de desapariciones forzadas.

Los Quince de Bojador eran activistas, doce saharauis y tres marroquíes que habían participado activamente en las protestas de la Intifada de 2005. Jóvenes, hijos, padres, hermanos. Uno de ellos estaba condenado a 20 años de cárcel por un Tribunal Militar, otros tomaron parte en las marchas sindicales a las minas de Phosboucraa y todos eran defensores de la autodeterminación del Sáhara Occidental. Características comunes entre los perseguidos por la Policía marroquí, según denuncia el Comité de Madres.

Diez años después de la desaparición de los 15, las autoridades de Rabat todavía niegan cualquier vinculación con lo sucedido y dan la investigación por finalizada. Aunque los familiares están seguros de que los tienen secuestrados en una cárcel secreta. «Marruecos sabe dónde están nuestros hijos; quieren que el tiempo pase para que nos olvidemos, pero eso nunca va a ocurrir», afirma Hadia El Aoud.

Durante los últimos diez años han hecho huelgas de hambre, sentadas y manifestaciones, y han soportado el acoso policial. Han recibido amenazas, han sido detenidas y golpeadas. Se quejan de que ni siquiera pueden salir a la calle con las fotos de sus hijos. «A quien los desapareció no le interesa que nadie los busque. El Gobierno marroquí ha intentado comprarnos con dinero y trabajo para que dejemos nuestra actividad. Pero la dignidad no se puede comprar», subraya Nhabouha Lakhlifi, que con rabia señala a los que, de eso está convencida, secuestraron a su hermano.

Las 15 madres continúan sin respuestas, piden justicia y apelan a la presión exterior. «Necesitamos apoyo internacional, no solo por nuestros hijos, sino por todos los saharauis desaparecidos», sentencia Lakhlifi. Su historia ocupa solo unas líneas en el extenso capítulo de sufrimiento que ha vivido la población saharaui durante 40 años.