Cíclicamente se renueva en Navarra el debate sobre la gratuidad de la A-15. Entre otras razones porque el desequilibrio territorial al respecto es más que evidente: A Logroño se va gratis, a Donostia y Gasteiz bastante gratis y a Tudela pagando. Desequilibrio injustificable y la peor de cuyas soluciones sería la que siempre se le ocurre a la beautiful people: cobrar el peaje donde no se cobra.

La historia que ha llevado a este desaguisado tiene muchos hitos que merece recordar porque es evidente el interesado olvido de algunos. La construcción de la A-15 empezó con las empresas Audenasa y Hudanasa (que en realidad tenían los mismos socios) siendo la primera la concesionaria y la segunda la constructora. Audenasa se endeudó hasta las cejas pero sus deudas estaban avaladas por la Diputación Foral, –Gobierno de Navarra–, por lo que no le importaba no pagarlas desvergonzadamente. Hudanasa chupó el macro negocio de la construcción propiamente dicha y cuando llegaron las vacas flacas recogió sus mantas, pertrechos y ganancias y desapareció. La construcción quedó parada en Irurtzun, porque tal como decían entonces «a partir de Irurtzun hay que hacer túneles».

El enconado y famoso debate social sobre la autopista de Navarra tenía en el fondo tres alternativas. Los más yupis de derecha defendían alocadamente que una autopista privada de peaje hasta Donostia. Los más montaraces, a los que cabe aplicar el mismo adverbio, defendían que no había que hacer nada con argumentos pseudoecológicos. Prevaleció la tercera alternativa de la autovía en su variante «Leizaran», gracias a Dios como diría Santiago Carrillo.

Al margen del debate social, pero aprovechándose de que ETA había hecho acto de presencia, una vez que Audenasa llegó a la quiebra técnica y los avalistas de sus préstamos hubieron de asumir su responsabilidad, el accionariado de dicha empresa «concesionaria» pasó a ser al 50% del Gobierno del Estado y del Gobierno de Navarra con algunas cláusulas especiales como la de que el Presidente sería designado por la representación del 50% del Gobierno de Navarra, habiendo sido dicho cargo de Presidente de Audenasa codiciado, disputado y utilizado como prebenda, pago de favores y salida de puerta giratoria.

Una vez abierta la autopista Irurtzun-Tudela, y solucionado como autovía el tramo Irurtzun-Andoain y refinanciadas las deudas de Audenasa, la explotación de la concesión entró en caminos de rentabilidad; en la dimensión y trayecto de lo que es, (Irurtzun-Tudela) y no de lo era la concesión inicial (Donostia-Irurtzun). El incumplimiento del contrato de concesión otorgaba la facultad de un primer rescate gratuito, aunque aún quedaban deudas. Ese es el primer hito al hablar de rescate. Al fin y al cabo, el precio del rescate consiste en el importe estimado del lucro cesante del tiempo de explotación que queda de concesión.

Un vez que terminó –o cuando iba a terminar– el plazo de la concesión, también se iba a producir el rescate gratuito y de eso hace ya más de una década y media. Era el rescate lógico por imperativo del paso del plazo de la concesión. En aquel momento el Gobierno estaba presidido por Sanz, tenía como consejero de Obras Públicas al que más tiempo mantuvo de consejero y en cuya gestión no es posible encontrar nada sensato, el señor Palacios y por otro lado estaba de presidente de Audenasa Jesús Aizpun. Lo que decidió el Gobierno de Sanz-Palacios con respecto a la concesionaria Audenasa de Aizpun fue otro gran desastre: prorrogar gratuitamente y sin condiciones la concesión por 20 años más. Ese es otro hito. Si UPN-PP no hubiesen prorrogado la concesión, el rescate ahora sería cero euros. Una vez producida esa prórroga de la concesión, el Gobierno de Aznar se apresuró a privatizar su 50%, que sin la prórroga no hubiese valido nada, cediéndosela a los amiguetes y amigotes, que pululan en todas las privatizaciones .

En aquella época arreció la campaña por la gratuidad de la autopista e incluso PSN fundamentó una de sus campañas electorales en la petición de esa gratuidad. Mientras tanto, el Gobierno de UPN-PP planteó la desvergonzada fórmula de «peaje en la sombra», que no es más que un endeudamiento carísimo por un lado y para defenderse de la reivindicación de gratuidad, puso en funcionamiento el parche del beneficio en el peaje a camiones y usuarios de doble viaje en una jornada; los beneficiarios de ese invento del TBO son exclusivamente los titulares del 50% de Audenasa, que no es la CFN, y los paganos la ciudadanía de Navarra y cuesta al año más de 10 millones de euros.

Los tiempos cambian. Ahora podemos observar con atónito agrado que UPN y PP, los partidos de Sanz, Aznar, Palacios y compañía están por la gratuidad de la autopista. Incluso pagando el rescate. ¿Cuánto? ¿Qué importa? ¿No se acuerdan y no se responsabilizan de que ese rescate vale la millonada que vale, como consecuencia de la prorroga gratuita y jurídicamente no obligatoria y políticamente desastrosas, que hizo el Gobierno de Sanz-Palacios con la compañía Audenasa presidida por Aizpun en beneficio del Gobierno del Estado de Aznar y hurtando la decisión al Parlamento? La pregunta es larga, pero la respuesta no.

Entre la corrupción ilegal, alegal y legal, la peor la última.