Suele creerse popularmente que el fracaso económico de los países se debe a causas tales como el clima, la religión, la incultura y otras que, aunque es evidente que repercuten en su evolución, no son de ninguna manera las determinantes de un fracaso económico.

El factor fundamental de la evolución económica y social de las sociedades, es el modo en que funcionan sus instituciones y como son gobernadas por las élites políticas. Si las élites políticas se instalan o derivan hacia el aprovechamiento del poder y hacia la consideración de que la política es tan sólo un instrumento de beneficio y enriquecimiento de ciertos grupos, en lugar de ser un instrumento para que toda la sociedad avance y prospere económicamente, están poniendo las semillas de la decadencia futura, en lo más profundo de la sociedad a la que dicen servir.

Este comportamiento egoísta de las élites políticas se manifiesta a través de dos graves desviaciones en las prácticas de buen gobierno, como son el clientelismo y la corrupción.

El clientelismo es el sistema de protección y amparo con el que los poderosos patrocinan a quienes se acogen a ellos a cambio de su sumisión y de sus servicios. La corrupción de las administraciones públicas consiste en la utilización de los medios y funciones de las mismas en provecho económico o de otro tipo de sus gestores.

El efecto devastador que estas dos graves desviaciones producen en las sociedades es claramente apreciable en el Estado y, en mayor o menor mediada, en prácticamente todas las CCAA. Las decisiones sobre prioridades y asignación de recursos no se toman en función de las necesidades reales ni de las soluciones más eficaces sino que se hacen en virtud de las necesidades de los grupos de presión y de la perpetuación de las élites políticas en el poder. En ese sentido, indicar que las llamadas puertas giratorias no son otra cosa que un descarado ejercicio de corrupción, tan habitual que prácticamente ya nos pasa desapercibido.

La consecuencia de estas prácticas en el desarrollo económico se concretan en la asignación ineficaz de recursos y por tanto la pérdida de competitividad del país con consecuencias extraordinariamente negativas en el emprendimiento y en el desarrollo de la actividad económica que se deteriora por la falta de eficiencia y la desmotivación de saber que todo esta amañado. Por otro lado produce también efectos muy negativos pues las leyes del país quedan devaluadas, y se genera un alto nivel de impunidad e inseguridad jurídica, derivando en una escasa calidad en la acción de las administraciones, además de unos enormes déficits de transparencia.

El déficit de supervisión en los últimos años ha sido inmenso y ha propiciado consecuencias tremendamente negativas tanto para la reputación de las instituciones y gobernantes como para los ciudadanos que han sufrido los desmanes de la banca, del sector eléctrico y energético y en general de las grandes empresas siempre presentes y adjudicatarias, quedando las pequeñas empresas como meros peones en las enormes cadenas de subcontratación que caracterizan el clientelismo. Por otra parte la realización de obras faraónicas innecesarias o la inversión de dinero público en proyectos fantasiosos al capricho de los administradores de turno, ha estado a la orden del día y ocupan paginas interminables en televisiones, diarios y revistas.

La propia evolución del sistema democrático partidista en los últimos treinta años ha propiciado la consolidación de los aparatos de los partidos omnipresentes en la vida del país, y han producido una tediosa repetición de rostros en los foros políticos, económicos y sociales, generando un sistema de autoafirmación que lo fagocita todo incluyendo la existencia de una sociedad civil organizada que pueda servir de contrapunto a los excesos del poder.

Uno de los indicadores de un mal funcionamiento de las instituciones es el frenesí normativo mientras se establece en los tribunales un caos interpretativo sobre las distintas leyes o una imposibilidad de llevarlas adelante por falta de recursos. En España, por ejemplo, la Ley Concursal ha cambiado de manera importante en 14 ocasiones desde 2009.

La reversión de esta situación pasa por un cambio profundo en la dirección de los partidos tradicionales o por su sustitución por un nuevo modelo político impulsado por partidos renovados con dirigentes comprometidos decididamente con el bien común y con las prácticas éticas en el ejercicio del poder.

Es evidentemente más fácil gobernar desde el clientelismo y la connivencia con las grandes estructuras económicas, pero el daño que se causa con ello a la sociedad y al futuro económico del país debería pesar como una losa en la conciencia de los dirigentes políticos cada vez que basan sus decisiones en la potenciación de la ineficacia como forma de gobierno.