El Tribunal Constitucional comunicó ayer que había admitido a trámite el recurso del presiente del Gobierno español, Mariano Rajoy, contra la ley del Parlamento de Gasteiz de “Medidas adicionales de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o fracking”. Esto supone al suspensión automática de los artículos recurridos, que son todos los sustanciales de la norma. Antes de cinco meses el TC deberá decidir si levanta o no dicha suspensión cautelar.

La ley, impulsada a través de una ILP firmada por más de 103.000 personas, fue aprobada con los votos de EH Bildu, PSE y PP (que le atribuía gran «seguridad jurídica») y la abstención del PNV. La posición de los jeltzales siempre ha generado suspicacias entre los promotores de la prohibición del fracking.

Por eso ayer, cuando se conoció la suspensión de los principales artículos, tanto EH Bildu como el PSE pidieron al Gobierno de Lakua que haga caso a lo aprobado en el Parlamento y no promueva ni acepte ninguna actuación de exploración o explotación de fracking.

El parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu recordó que los permisos solicitados están en manos de la empresa pública Shesa, dependiente de Lakua, lo que supone que «por encima de cualquier ley o decisión de distintos tribunales, el fracking se hará o no en función de la voluntad del Gobierno Vasco».

Natalia Rojo, del PSE, recordó que mañana mismo se debatirán en el pleno dos mociones pidiendo al Gobierno que, a pesar de la suspensión, «no gaste ni un solo euro de los vascos en el fracking».

Eguzki, por su parte, denunció que los intereses políticos de «un Gobierno en funciones al servicio del gran capital», se antepongan a la «obligación ética» de la «conservación de la naturaleza» y a la «realidad social» de la «fuerte oposición» a los proyectos de fracking.