La manifestación convocada por Sare en Gasteiz para reclamar la puesta en libertad de José Ramón López de Abetxuko, así como la del resto de presos vascos gravemente enfermos, sigue recabando apoyos. Ayer ELA, CCOO, LAB, ESK y Steilas anunciaron su adhesión a la «marea amarilla» que partirá este sábado, a las 12.30, desde la plaza de Jesús María de Leizaola.

En una rueda de prensa ofrecida en la sede de la red ciudadana, Begoña Vázquez (ELA) y José Ángel Menocal (CCOO) advertieron de que las personas presas deben tener todos sus derechos sanitarios «reconocidos y respetados». «Están privadas de libertad, pero no de su derecho a la salud y a una trato digno y humano», señalaron antes de recordar que son diez los presos vascos gravemente enfermos, entre los que figura López de Abetxuko, aquejado de una cardiopatía y encarcelado a 420 kilómetros de su hogar.

Su caso es un ejemplo de las medidas de excepción aplicadas por los estados español y francés contra los represaliados vascos, ya que, tal como recordaron Vázquez y Menocal, López de Abetxuko debería estar en libertad desde 2014 en virtud de la normativa europea 2008/675, «una norma de obligado cumplimiento para todos los estados miembro por la que deberían computarle los años de cárcel cumplidos en el Estado francés, donde también estuvo preso y confinado».

Cabe recordar que en los últimos años se han sucedido las iniciativas para reclamar la puesta en libertad del preso gasteiztarra. En 2014, por ejemplo, se recogieron más de 3.000 firmas y se convocó una manifestación para reclamar su excarcelación. Además, su situación ha sido objeto de debate en el pleno del Ayuntamiento de Gasteiz. Hace dos años PNV, Bildu y PSE sumaron sus votos para aprobar una moción en la que se pedía una «reflexión ética», porque «cualquier condena judicial que implique la imposibilidad de una supervivencia digna es contraria a los derechos humanos y a una política penitenciaria humanitaria».

En este sentido, ayer Vázquez y Menocal insistieron en que «es urgente que los y las presas gravemente enfermas recuperen la libertad para hacer frente a sus enfermedades cerca de sus casas, rodeadas se su entorno social y afectivo y con una asistencia sanitaria adecuada». «No podemos esperar más. La defensa de todos los derechos humanos, también los de las personas presas, debe ser labor de toda la sociedad», añadieron.