Confebask, CCOO y UGT apuestan por firmar convenios de eficacia limitada en aquellos «escenarios en los que no sean factibles acuerdos sectoriales de eficacia normativa y general». Así lo recoge el acuerdo firmado ayer en la Mesa de Diálogo Social, en el que advierten de que, «con el fin último de impulsar y renovar la regulación colectiva sectorial, allí donde no sea posible alcanzar acuerdos generales pero resulte factible la adopción de acuerdos de eficacia limitada, la representación de las asociaciones empresariales y sindicales se comprometen a propiciar la máxima difusión y aplicación de estos acuerdos».

Una labor en la que también participará Lakua, que «colaborará de forma activa en su difusión y conocimiento general, mediante el depósito y publicación de los acuerdos que, suscritos por las representaciones sindicales y empresariales, no alcancen los niveles de representatividad requeridos por la Ley del Estatuto de los Trabajadores para su eficacia general».

Tras la firma del acuerdo, el secretario general de CCOO Euskadi, Unai Sordo, explicó que los convenios de eficacia limitada son aquellos que «afectan a los trabajadores afiliados a los sindicatos firmantes o a los trabajadores que expresen su deseo de que se les aplique». «No es un convenio que se aplique como una ley, y en general se aplica a la gran mayoría de las pymes», precisó antes de advertir de que, en el caso de Michelin, más de 80% de los trabajadores y trabajadoras han solicitado la aplicación de un convenio de eficacia limitada.

Del bloqueo al boicot

No obstante, afirmó que su sindicato no tiene como «meta» la firma de estos convenios. «Solo los vamos a suscribir cuando veamos que hay una intención de bloqueo por parte de otros sindicatos», añadió en alusión a ELA y a LAB, dos centrales a las que acusó de «boicotear la posibilidad de llegar a una acuerdo que garantice el futuro de los convenios colectivos de ámbito vasco». «Frente al discurso de la estatalización de la negociación colectiva, algunos tendrán que explicar por qué no salimos de esta reunión con un acuerdo que blinde los convenios colectivos. Y la única razón es que no se trata de un acuerdo de mayoría sindical», asumió.

Por su parte, el secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, instó a la mayoría sindical a participar en el acuerdo. «Tienen que pasar de la declaración a la firma y no olvidarse de esos miles de trabajadores que nunca podrán tener un convenio de empresa, por trabajar en pequeñas empresas que en muchos casos están sin representación sindical», manifestó. Recordó que en la CAV cerca de 275.000 personas trabajan en empresas de menos de diez empleados «y la mayoría no tiene representación sindical».

Precisamente, el consejero de Empleo y Políticas Sociales afirmó que el Gobierno autonómico se ha sumado al acuerdo porque entiende que este «protege, como mejor puede, a aquellos trabajadores desprotegidos que no tienen convenio». «Aunque no sea el mejor de los posibles, siempre es mucho mejor que nada», manifestó Ángel Toña, quien, al igual de Sordo y Arza, aprovechó su intervención ante los medios para cargar contra ELA y LAB, dos centrales a las que «siempre echo en falta». «Si hubiesen estado sentados en la mesa, habría habido otros acuerdos o no habría habido ninguno, pero no hubiéramos podido decir que no son democráticos», remarcó. Además, dijo que los acuerdos de eficacia limitada «no afectarán en ningún caso a afiliados de ELA y LAB que individualmente no se sumen a los mismos». «Y me parece una perversión hablar de que los acuerdos en minoría se imponen a la mayoría», apostilló.

A cambio de financiación

Pero ELA y LAB no tienen intención de sumarse a un acuerdo «antidemocrático» que deja a un lado a los sindicatos mayoritarios. En declaraciones a GARA, el responsable de Negociación Colectiva de ELA, Joseba Villarreal, aseguró que este pacto beneficia a la patronal, que «podrá buscar el acuerdo más barato a espaldas de la mayoría». Y mostró sus dudas sobre los intereses económicos que puedan existir tras el mismo. «Se ha cerrado un acuerdo en materia de negociación colectiva y una declaración general, y los que han firmado lo han hecho a cambio de la financiación. Se ha comprado la voluntad sindical», indicó antes de acusar al Gobierno del PNV de copiar el modelo de relaciones laborales vigente en el Estado español.

Las palabras de Villarreal van en la línea de las declaraciones efectuadas el jueves por el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, que recomendó a Lakua que «tenga cuidado con la elección de atajos antidemocráticos. Un Gobierno democrático debería respetar los resultados de las elecciones sindicales».

En el mismo sentido, la responsable de Acción Sindical de LAB, Garbiñe Aranburu, insistió en que el acuerdo no solo discrimina a estas centrales, sino que también deja a un lado a las personas que han votado por LAB y ELA en las empresas de la CAV. «En el ámbito político sería impensable que las leyes las aprobara la minoría», destacó.

En un comunicado, este sindicato lamentó que la Mesa de Diálogo Social haya optado finalmente por «profundizar en el actual modelo de relaciones laborales, un modelo que conlleva el aumento de las desigualdades sociales y acumula la riqueza generada en unas pocas manos. Este modelo nos aleja de los países desarrollados y nos condena a la pobreza».

 

Participación institucional de agentes sociales

El Gabinete jeltzale, Confebask, CCOO y UGT también firmaron ayer una declaración en la que ponen de manifiesto «la necesidad de configurar un espacio para la institucionalización del dialogo social». En virtud de este acuerdo, el Gobierno de Lakua se compromete a establecer un marco jurídico específico, mediante una norma adoptada bien por el Ejecutivo autonómico o bien por el Parlamento, para el desarrollo de la participación institucional de los agentes sociales de la CAV. «Esta iniciativa pasaría por la creación de un órgano permanente integrado por representantes del Gobierno Vasco, de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas que manifiesten su voluntad de desarrollar tal participación institucional», indica.

Además, el Gabinete de Iñigo Urkullu asume el compromiso de presentar al inicio de la próxima legislatura –si sigue en Ajuria Enea tras las elecciones de este otoño– un proyecto de ley de FP en los términos del proyecto que trasladó a la Cámara. «En este proyecto de ley se contemplaría la existencia de una única dirección política y de coordinación de la totalidad de la formación profesional, tanto la formación profesional para el empleo como la reglada, para garantizar la coherencia de las acciones y proyectos», señala.I.S.