GARA
GASTEIZ

Sare propone a Iruñea y Lakua crear observatorios de presos

Sare ha propuesto a los gobiernos de Lakua y Nafarroa la creación de sendos observatorios penintenciarios que realicen un seguimiento de la vulneración de derechos de los presos. Se basan en el informe avalado por un centenar de juristas que presentaron en mayo.

Sare ha solicitado a los gobiernos de Lakua y Nafarroa que creen sendos observatorios sobre la política penitenciaria que se aplica a los presos vascos para realizar un seguimiento de la constante vulneración de derechos que padecen, según señalaron ayer en Gasteiz Joseba Azkarraga y Amets Martínez en nombre de la red ciudadana.

Estos observatorios estarían integrados por juristas de reconocido prestigio nombrados por las instituciones y los colegios de abogados, médicos que realicen un seguimiento de la aplicación de la ley penitenciaria, especialmente a los presos gravemente enfermos; y representantes del sector educativo que analicen las trabas que existen para acceder a los estudios universitarios.

Los dos observatorios que propone Sare tendrían un carácter independiente y responderían ante los parlamentos de Gasteiz e Iruñea. Azkarraga explicó que todavía no han tenido respuesta a este emplazamiento realizado a los ejecutivos de Iñigo Urkullu y Uxue Barkos, aunque precisó que todavía no ha habido tiempo suficiente para recibir una contestación.

Los portavoces de Sare añadieron que la base de la propuesta es el informe jurídico que presentaron el pasado 27 de mayo con el aval de un centenar de juristas, abogados en ejercicio y profesores universitarios, que mostraban su preocupación por el incumplimiento reiterado por parte del Gobierno español y de los jueces de aspectos fundamentales de la Ley General Penitenciaria.

Junto a ello, añadieron que el objetivo de Sare es que sean las instituciones las que lideren la creación de los observatorios, al margen de cualquier protagonismo. «Solo queremos que se haga», subrayaron antes de recordar que se trata de una cuestión urgente que afecta tanto a los presos vascos como a sus familias.