No hay violencias de diferente signo, hay asesinos y víctimas. No hay víctimas de abusos policiales como mucho hay CASOS AISLADOS (en mayúsculas en el original) de víctimas a consecuencia de errores cometidos por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a consecuencia del uso de la violencia LEGÍTIMA (ídem) del Estado. Así como rechazo explícito de la práctica sistemática de la tortura, tratándose únicamente de CASOS AISLADOS (ídem) debidamente investigados y en su caso enjuiciados». Este es el noveno punto del decálogo entregado por los representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) al lehendakari en funciones y candidato a la reelección, Iñigo Urkullu. El mensaje es sencillo: un colectivo de afectados por la violencia registrada en las últimas décadas en Euskal Herria exige que sus mismos derechos no sean reconocidos a otro sector que también ha padecido el sufrimiento. Por no hablar de la justificación que se desliza entre sus palabras.

No ha trascendido respuesta alguna de Urkullu, aunque el encuentro parece más pensado para tensionar el ambiente electoral que para buscar soluciones. La mayoría de los puntos incluidos en el decálogo persiguen cerrar la puerta del reconocimiento a otras víctimas y no promover una memoria amplia de décadas de conflicto. De hecho, la utilización del término «conflicto» es también vetado por el lobby mayoritario entre los afectados por la violencia de ETA, así como el reconocimiento de la tortura más allá de «hechos aislados y enjuiciados». «El hecho de hacer un totum revolutum con diferentes tipos de víctimas hace que se produzcan situaciones tan surrealistas como que Etxerat pida incluir en el Mapa de la Memoria a los familiares de presos de ETA fallecidos a causa de la dispersión», llegan a afirmar.

La reunión entre AVT, APAVT y Urkullu llega apenas una semana después de que Alfonso Alonso y Pili Zabala, aspirantes de PP y Elkarrekin Podemos, respectivamente, protagonizasen uno de los momentos más tensos de la campaña. El exministro español, balbuceando, apenas fue capaz de negar a Zabala su condición de víctima por ser hermana de Joxi, secuestrado, torturado y asesinado por guardias civiles en 1982. La vergüenza para Alonso fue tal que, un día después, lanzó un tuit disculpándose y prometiendo «ayudar» a la candidata de la formación morada. Una declaración de cara a la galería que ahora debería acompañar con hechos como, por ejemplo, modi- ficar la interpretación que se hizo de la Ley de Atención y Acompañamiento de Víctimas del Terrorismo y que deja fuera, precisamente, a afectados como Zabala. Teniendo en cuenta que Alonso es candidato después de defenestrar a Arantza Quiroga por proponer avances inéditos para el PP dentro de la Ponencia de Paz y Convivencia, habrá que ver si el exministro está más cerca de todas las víctimas o sigue la teoría de que algunas sufrieron más que otras y merecen, por lo tanto, un reconocimiento diferente.

Resulta sintomático también que esta operación no la dirija únicamente la AVT sino que cuente con el apoyo de la APAVT, un opaco colectivo dirigido por Miguel Folguera, antigua mano derecha de Ángeles Pedraza y protagonista de los principales escándalos registrados en este ámbito en los últimos años. Este ex guardia civil es conocido por haber tratado de ganar la condición de víctima y ser rechazado hasta en dos ocasiones por gobiernos tanto del PP como del PSOE. También, como publicó en 2013 «Interviú», sobre su grupo pesa la sospecha de haber inflado su número de asociados utilizando los registros de la AVT sin el permiso de los afectados.

La maniobra de este lobby, habitualmente afín al PP, es clara. La responsabilidad del próximo Parlamento de Gasteiz, no caer en esta «humillación a las víctimas» y profundizar en el reconocimiento de todo el dolor.