El portavoz del Gobierno de Lakua en funciones, Josu Erkoreka, anunció ayer tras el Consejo de Gobierno que el Ejecutivo español ha comunicado su intención de recurrir la nueva Ley de Iniciativa Legislativa Popular porque considera inconstitucional que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se reconozca «el derecho de participación política de los extranjeros residentes».

Erkoreka recordó en su intervención que la ILP fue aprobada con el respaldo de todos los grupos políticos en el Parlamento de Gasteiz el 30 de junio, tras un «amplio debate y negociación que duró más de tres años».

La nueva norma, que sustituye a la vigente hasta ahora y que se promulgó en 1986, baja de 30.000 a 10.000 las firmas necesarias para presentar una ILP y abre el abanico de personas válidas que pueden rubricarlas. Así, por ejemplo, la nueva ley permite que los extranjeros en situación legal puedan tener derecho a proponer y participar en la elaboración de leyes.

Sin embargo, según incidió, el Gobierno Rajoy estima inconstitucional que en la CAV se reconozca «el derecho de participación política de los extranjeros residentes en el País Vasco». «Aunque se trata de personas que residen legalmente en Euskadi y que reúnen los requisitos de edad y empadronamiento, el Gobierno español considera que no podemos reconocerles el derecho a participar en la elaboración de leyes», criticó el portavoz del Ejecutivo autonómico.

Erkoreka subrayó que «una vez más, el Gobierno español aún en funciones recurre una ley vasca que cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos y que facilita, simplifica y favorece la participación ciudadana en la vida política».

«El Gobierno del PP dice una vez más ‘no’ a lo aprobado por la unanimidad del Parlamento Vasco», censuró Erkoreka, quien opinó que con esta actitud el Ejecutivo español «demuestra no tener límites». Añadió que Lakua comparte «el 100% el espíritu, el objetivo y la redacción» del texto aprobado y anunció que defenderá esta ley en los términos que el Parlamento «la negoció, acordó y aprobó» en la comisión bilateral previa que podría evitar la formalización del recurso y ante el Constitucional si finalmente se presenta el mismo.