Al ciclo de contundentes victorias electorales de la Revolución Ciudadana, que tuvo su punto máximo en las generales de 2013, en las que Rafael Correa ganó en primera vuelta con el 57,17% de los votos y el Movimiento Alianza PAIS obtuvo cien de 137 curules, le siguió un «revés» en los comicios locales de febrero de 2014. Se perdieron 20 ciudades, entre ellas Quito y Cuenca, considerados sus bastiones.

Aquello reveló los límites del proyecto. El vértigo del cambio, de las transformaciones de un Estado que antes había carecido de autonomía frente al poder económico y mediático, el diseño de una política pública eficiente, la constitución de un nuevo orden en las relaciones de poder, habían provocado que todos los esfuerzos del oficialismo se centraran en ese terreno, y la organización política tuviera menos potencia. A esto se añade la corta vida de Alianza PAIS, nacida para concurrir a las elecciones de 2006 y apuntalar la candidatura de Rafael Correa.

Este inciso en la carrera de victorias continuas de la Revolución Ciudadana dio aire a la oposición para intentar rearticularse (…) y materializar, según Correa, una «Restauración Conservadora» (…).

A esta primera inflexión, le siguió el año de la «tormenta perfecta». Desde finales de 2014, bajaron los precios del petróleo, que redujo el ritmo de crecimiento, complicó la inversión pública, acotó el gasto corriente y por tanto, constriñó las políticas redistributivas.

Este marco de fragilidad económica y rearticulación de fuerzas opositoras dio la tonada para el inicio de un nuevo ciclo político marcado por períodos de alta conflictividad, pero todavía de pocas definiciones. El sismo de abril de 2016 terminó por reconfigurar el escenario y medir las tensiones políticas alrededor de la reconstrucción.

El marco económico: la «tormenta perfecta». Estaba anunciado que 2015 sería uno de los años más difíciles, si no el más complicado, de los diez de Revolución Ciudadana. La caída de los precios del petróleo fue de las más bruscas de la historia. En menos de un año, de junio de 2014 a abril de 2015, el barril pasó de 100 a 50,42 dólares. Pese a que los ingresos por las exportaciones de crudo ya no tienen el peso de hace una década en el PIB, ese dinero financia al menos el 15% de los presupuestos.

La apreciación del dólar y la consecuente alza de las tasas de interés de la FED dejó poco margen de maniobra a un país todavía primario. A diferencia de sus pares en la región, la incapacidad de devaluar la moneda para volver competitivas sus exportaciones, condujo al Gobierno de Correa a tomar medidas como la reducción del gasto y el envío a la Asamblea de los proyectos de Ley de Herencia y Plusvalía, entre otros (…).

A pesar de que el conjunto de medidas puesto en marcha por Correa fue la antítesis de los tradicionales «paquetazos» del período neoliberal y de que procuró no afectar la inversión social y la inversión en los megaproyectos estratégicos, la constricción económica empezó a sentirse y demostró que el crecimiento del que había gozado Ecuador en los últimos años había dependido exclusivamente de la conducción del Estado, y muy poco de la apuesta privada.

La resistencia neoliberal: entre defensores nacidos y defensores «conversos». El envío de los proyectos de Ley de Herencias y Plusvalía a la Asamblea provocó en junio de 2015 una protesta con altos niveles de agresividad. La Ley de Herencias estipulaba un impuesto progresivo a las herencias con implicaciones para el 0,1% de la población más rica.

Los «banderas negras» –por el símbolo que decidieron usar– distorsionaron el relato del proyecto legislativo, instalando la idea de que se trataba de un proyecto de características «expropiatorias» y peligroso para «la familia».

(…) El simplismo del mensaje logró su propósito de movilizar incluso a quienes en nada afectaba el proyecto. (…) Simpatizantes de la Revolución Ciudadana y «banderinegros» midieron casi a diario sus fuerzas. La visita del papa Francisco estaba en riesgo, así que el presidente decidió retirar temporalmente los proyectos de ley y convocar un diálogo nacional. (…)

Transcurrido el primer momento del diálogo, el bloque opositor intentó nuevamente articularse en torno al archivo del paquete de enmiendas constitucionales. Se reactivaron las movilizaciones, con el objetivo de impedir la recandidatización de Rafael Correa en 2017, que podía allanarse tras aprobarse la enmienda que posibilitaba la reelección indefinida.

Con cien votos de 137, el 3 de diciembre, la Asamblea Nacional aprobó el paquete de 16 enmiendas. No obstante, se incluyó una disposición transitoria que descartó la posibilidad de que el presidente –y unos 38 asambleístas– vuelvan a postularse en 2017, pues la reelección indefinida entraría en vigor el 24 de mayo del año próximo. A la ya menguante y «correafóbica» oposición, carente de un plan nacional fuerte, le provocó una desorientación aún mayor.

(…) La última pieza del puzzle de este período de alta tensión la completan las Fuerzas Armadas. (…) Correa decidió nombrar a Ricardo Patiño, hombre de su confianza, como nuevo ministro de Defensa para atajar la crisis, y decretó la equidad dentro de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Aunque la situación está relativamente controlada, esporádicamente, asuntos como el manejo del ISSFA son todavía la manzana de la discordia.

Alianzas: la «correafobia», en el fin de las ideologías. La oposición ha perdido fuerza para movilizarse, pero no tiempo para intentar constituir una estrategia común y competir en las elecciones de 2017. En enero de este año, la triada de Jaime Nebot, Paúl Carrasco y SUMA (Mauricio Rodas se ausentó); Marcelo Chumpi (Pachakutik) y el exaliado de la Revolución Ciudadana, Ramiro González, líder de Avanza, anunciaron su alianza, La Unidad, con un programa baladí y el objetivo de lograr la mayoría en la Asamblea.

La Unidad ha intentado desplegarse en el cliché posmoderno de la desideologización, pero con dificultades. (…)

La disputa por la reactivación y la reconstrucción posterremoto. A dos meses del peor sismo vivido en la historia de Ecuador desde 1979, la cifra de muertos era de 668. El terremoto del 16 de abril de 2016 de 7,8 grados en la escala de Richter afectó gravemente a Manabí y, en menor medida, a Esmeraldas. Esto, sin duda, agudizó el ya crítico panorama económico y alteró el escenario político. (…) 3.344 millones de dólares en pérdidas, en torno al 3% del PIB.

Al sismo le sucedieron al menos dos horas de incertidumbre y silencio informativo. Con el presidente Correa aún en Europa, el vicepresidente comandó la situación, activando a las instituciones del Estado y decretando el Estado de excepción.

Al día siguiente del terremoto, su magnitud sensibilizó a la ciudadanía que, de forma masiva, intentó organizarse para enviar sus muestras de solidaridad. La oposición intentó aprovechar esos gestos para acusar al Estado de ineficaz. (…)

(…) Con el regreso del presidente a Ecuador, se tomaron medidas relacionadas con la reconstrucción y su financiación, la reactivación económica y la corresponsabilidad ciudadana.

(…) A comienzos de mayo la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley de Solidaridad con 94 votos, que incluyó un artículo inspirado en la revelación de los «Panamá Papers», que fija el pago del 1,8% del valor catastral de 2016 para los bienes inmuebles en Ecuador que pertenezcan de forma directa a firmas offshore.

(…) Pese a las críticas de la oposición, la ONU reconoció la reacción del Gobierno de Rafael Correa frente al desastre y, según las encuestas, las medidas tomadas, excepto el alza del IVA, así como la gestión del presidente y del vicepresidente, se consideran positivas.

Recuperación económica y un pacto ético contra los candidatos offshore. A diferencia de años anteriores, en que el Informe a la Nación suponía el gran acontecimiento para colocar una nueva agenda por parte del Ejecutivo, este año la recomposición de la derecha –sobre todo a nivel regional–, la difícil coyuntura económica, el terremoto y el acotado tiempo de que dispone Correa para dejar el mando, se reflejó en un informe más operativo que aspirativo. (...) Nuevamente, el Ejecutivo decidió enviar a la Asamblea los proyectos de Ley de Herencia y Plusvalía con algunas modificaciones (…).

Rafael Correa ya no será candidato en las elecciones generales de 2017. Todavía el binomio del oficialismo que aspirará a sustituirle no ha sido definido. Los nombres que más suenan son Lenin Moreno y Jorge Glas.

La propuesta de Correa de consolidar un «pacto ético» contra los candidatos que tengan capitales en paraísos fiscales es una clara línea para confrontar a Guillermo Lasso quien apareció en los «Panamá Papers».

A menos de un año de las generales, no destaca en la oposición un nombre lo suficientemente fuerte, peor aún, la ten- dencia parece ser –como manda la tradición– la atomización. Además de Lasso y Dalo Bucaram (Fuerza Ecuador), competirán en sus propias «primarias» los miembros de la «izquierda» desideologizada Lourdes Tibán (Pachakutik) y Enrique Ayala Mora, historiador y exrector de la Universidad Andina.

Institucionalizar el legado: entre la eficiencia y Montecristi. Dentro del arco de gobiernos progresistas, las transformaciones sostenidas por el correísmo han sido de las más reconocidas internacionalmente, no solo por sus coidearios, sino también por instituciones que se encuentran en la otra vereda ideológica. La fuerza de las cifras resulta ineludible. De acuerdo con el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), al menos 1,3 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza entre 2006 y 2014. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha ubicado a Ecuador entre los tres países con mayor reducción de la pobreza y el primero en reducir la desigualdad, y el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lo colocó en 2015 entre los 56 países con desarrollo humano alto.

A diferencia de sus pares en la región, Correa no provino de la militancia política, sino de la académica, y eso quedó claro en las prioridades al momento de gobernar y en el sentido mismo de repensar el Estado.

En más de un discurso ha insistido: «Algo que no puede olvidar la izquierda moderna es la noción de eficiencia». (…) Sin embargo, en vista de lo ocurrido en Argentina y en Brasil con el retorno de gobiernos ultraneoliberales y la reversión de los derechos alcanzados por las grandes mayorías, se somete a cuestión la posibilidad del desmonte de las transformaciones llevadas a cabo por la Revolución Ciudadana.

Probablemente, la existencia de un proceso refundacional a través de la aprobación de un nuevo marco institucional como fue la Constitución de Montecristi, sea la clave. En la Carta Magna, aprobada en 2008, se especifican varios derechos en educación y en salud por ejemplo, que difícilmente pueden ser deshechos sin atentar en contra del propio Estado de Derecho.

En una América Latina amenazada por una derecha antirrepublicana y antipopular, el sostenimiento de cada proceso progresista cuenta. Y la Revolución Ciudadana todavía debe trabajar por reinventarse en sus formas, agenda programática y