Arrancó ayer en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbo la vista oral tras la que su titular, Olga Ahedo, tendrá que determinar si la quiebra de la sociedad que promovió la construcción de la fallida planta de purines de Karrantza fue fortuita o provocada. Ayer, en sesiones de mañana y tarde, se interrogó a cuatro de los integrantes de su consejo de administración, que se enfrentan en caso de ser declarado culpable el concurso al pago de indemnizaciones de 12.5 millones de euros por daños y perjuicios.

El interrogatorio a Ángel María Ruiz Quintano, por entonces gerente de la cooperativa de ganaderos Guvac, que contaba con el 51% del accionariado de Karrantzako Minda (KM), resultó esclarecedor. Quien fue administrador único y consejero de la sociedad reconoció que fue el ex director de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Lakua, Martín Ascacibar, quien les invitó a participar en el proyecto en 2005 y les fue guiando a cerca de los pasos que debían dar para acceder a ayudas y subvenciones públicas con las que construir una infraestructura en la que tratar los 170.000 metros cúbicos de purines que generaban al año las explotaciones ganaderas del valle.

Ruiz Quintano fue taxativo al señalar al entonces alto cargo como la persona que les fue poniendo en contacto con empresas tecnológicas y expertos que les podían ayudar. También les asesoró para contratar servicios con bufetes y constructoras que, posteriormente, se ha comprobado que tenían relación con Ade Biotec. Es la empresa a la que administrador concursal, Fiscalía, Abogacía del Estado y Ayuntamiento de Karrantza apuntan como la gran beneficiada por una operación en la que distintas administraciones públicas otorgaron algo más de 10 millones de euros de ayudas.

El formulario en blanco

Insistió en que el Gobierno de Gasteiz era el promotor y que él y la Diputación vizcaina avalaban la solución propuesta. El consejero de KM no supo explicar cómo pudo presentar en enero de 2006 una solicitud de ayudas para el programa Ikerketa 2006 con un formulario oficial en blanco en enero cuando la convocatoria fue en mayo. Ascacibar rubricó la concesión de 1,5 millones de euros.

Al dejar de ocupar cargos de confianza en Lakua, Ascacibar pasó en julio de 2010 a ser consejero delegado de Karrantzako Minda. «Era una persona que conocía el proyecto», justificó. Para entonces, el Ejecutivo de Patxi López cuestionaba abiertamente el proyecto y pidió en setiembre de aquel año que se realizasen distintos informes que contrastasen otros que contaban con el aval de Felipe Mendibil, un técnico de la confianza de Ade Biotec y Ascacibar.

El consejero señaló que la mayoría de las objeciones fueron de la Agencia Vasca del Agua-URA, que cuestionó la solución tecnológica de la osmosis inversa por la que se había optado al final. Esa solución tecnológica, reconoció, no era por la que habían recibido 4 millones de euros del Gobierno español.