Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha revuelto la relativa tranquilidad con la que discurría la aplicación de una legislación laboral cada vez más injusta. La sentencia establece que las condiciones de trabajo han de ser las mismas para todas las personas independientemente del tipo de contrato que tengan, y esto incluye la indemnización por despido. De esta manera el tribunal equipara a empleados fijos y temporales.

La doctrina de dicha sentencia ha empezado a ser aplicada por la Sala de lo Social del TSJPV lo que provocó una cascada de reacciones de aquellos empeñados en mantener el statu quo. El representante de Lakua Josu Erkoreka, ejerciendo de portavoz de los empleadores públicos, enviaba la responsabilidad a las Cortes de Madrid mientras afirmaba que aún no han decidido nada y remitía a una respuesta coordinada de todas las administraciones. Cuando los contratos temporales de empleados públicos alcanzan cifras récord, aplicar derechos reconocidos a los trabajadores resulta al parecer una labor ardua y tediosa. Otros requerimientos judiciales se atienden, sin embargo, sin tanta parsimonia.

Tampoco cabía esperar celeridad por parte de los empresarios que, por boca del presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, tacharon la aplicación de la sentencia y el llamamiento de Garbiñe Biurrun que animaba a reclamar la correspondiente indemnización de imprudente y falto de ecuanimidad, amén de generador de incertidumbre. A renglón seguido, no obstante, reconocía que es necesario modificar la ley y que, por tanto, la sentencia es aplicable.

Según este curioso argumento, animar a los trabajadores a que reclamen lo que les corresponde es poco menos que una vileza. Y no hacer nada para resolver una situación injusta se traduce como ecuanimidad. Pero, como afirma hoy en GARA la presidenta de la Sala de lo Social, la tutela judicial efectiva que se pone en la picota es un derecho fundamental de todas las personas.