«Ni siquiera el Convenio Europeo de Derechos Humanos les presta demasiada atención». El presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Guido Raimondi, arrancó contundente la charla sobre los derechos sociales ofrecida ayer en el Colegio de Abogados de Bizkaia, donde lamentó que «muchas personas no disfrutan de dichos derechos de forma suficiente, ni en Europa ni en el resto del mundo».

Raimondi aceptó la invitación del Ararteko, Manuel Lezertua, para visitar Euskal Herria la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos, que hoy rememora el 68 aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un texto que protege los derechos civiles y políticos –llamados de primera generación–, pero que apenas menciona los derechos económicos y sociales, que «no gozan de una protección tan potente», aseguró el magistrado italiano.

Pese a esta realidad, Raimondi consideró ayer que «la gente otorga tanta importancia al respeto de sus derechos sociales fundamentales como al de sus derechos políticos, si no más». «Como decían los romanos, primero hay que vivir, luego filosofar», resumió el presidente del tribunal con sede en Estrasburgo, que recordó que es la Carta Social Europea el instrumento del Consejo de Europa «que garantiza los derechos sociales». Sin embargo, ésta «no puede ser sometida al arbitrio del Tribunal», por lo que defendió «cierta jurisprudencia creativa» a la hora de extender el Convenio Europeo de Derechos Humanos también a los derechos económicos y sociales.

«La indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, tan defendida por René Cassin, uno de los padres de la Declaración Universal, implica que todos ellos deberían ser protegidos con la mayor eficacia posible», defendió Raimondi, que se congratuló de que el Tribunal cuya presidencia asumió en 2015 «haya ampliado su protección a ciertos derechos económicos y sociales».

Competencias limitadas

Bajo la atenta mirada de una fila cero con autoridades como el Fiscal Superior de la CAV, Juan Calparsoro, la presidenta del Parlamento de Gasteiz, Bakartxo Tejeria, y parlamentarios del PNV, EH Bildu, Podemos y PSE, Raimondi remarcó que «hay que estar especialmente vigilante con los derechos sociales» en tiempos de crisis, al hilo de lo cual consideró que «nuestro continente se enfrenta a sendas crisis económica y migratoria de escala excepcional; crisis que plantean, con gravedad, la cuestión de la pobreza extrema en Europa». El magistrado napolitano, en cualquier caso, reconoció que su margen de maniobra es «limitado» y consideró que «el Tribunal debe tener en consideración las circunstancias presupuestarias nacionales y no puede garantizar el derecho absoluto a la protección social». Pese a lo cual, siguiendo con los difíciles equilibrios, subrayó que «el contexto económico no puede justificar toda reducción de prestación posible».

Como ejemplo de ello, Raimondi mencionó el caso de N.K.M. contra Hungría, en el que el TEDH falló en 2013 a favor del demandante, al considerar que la retirada de la prestación social a un ciudadano «era desproporcionado con respecto al fin legítimo de salvaguardar el Tesoro Público». Otro ejemplo es el de Budina vs. Rusia del 18 de junio de 2009, que sirvió para asentar jurídicamente que privar de su prestación social a personas en situaciones de dependencia fuertes es «incompatible con la dignidad humana».

Fueron dos de los numerosos casos que Raimondi mencionó con el objetivo de mostrar el compromiso del TEDH con derechos sociales y económicos como la libertad sindical, el derecho de propiedad, el derecho a la educación o la prohibición del trabajo forzoso. Unos derechos que, acabó concluyendo, «tienen poca presencia en el Convenio Europeo de DDHH», pero que cada vez gozan de mayores garantías. «No podemos sino congratularnos del hecho de que el Convenio, a lo largo del tiempo, sea cada vez más permeable a unos derechos que son esenciales para cada uno de nosotros y nosotras», finalizó.

 

Las vulneraciones de derechos humanos a los presos vascos brillan por su ausencia

Más allá de su indiscutible papel a la hora de proteger los derechos sociales y económicos de los ciudadanos europeos –tal y como subrayó ayer el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Guido Raimondi–, la corte de Estrasburgo ha saltado una y otra vez a los titulares en Euskal Herria debido a sus sonoras enmiendas a la Justicia española en el marco del conflicto vasco. Así, el TEDH se ha destacado por condenar hasta en ocho ocasiones al Estado español por no investigar las denuncias de torturas. La última de ellas se produjo hace medio año, cuando el Tribunal presidido por Raimondi dio la razón a Xabier Beortegi.

Sin embargo, en vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra hoy, ninguno de los presentes consideró pertinente sacar a colación el tema, pese a tener ocasión en el turno de preguntas que siguió a la intervención de Raimondi. Ni sus compañeros de mesa –el Ararteko, Manuel Lezertua, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, y el decano del Colegio de Abogados de Bizkaia, Carlos Fuentenebro–, ni las personas que hicieron uso de la palabra, entre las que estuvo el fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, consideraron oportuno mencionar las vulneraciones de derechos humanos reconocidas por el propio TEDH, entre las que también consta la sentencia que frenó el arbitrario alargamiento de las condenas, aplicado a través de la llamada «doctrina Parot».

Tampoco nadie puso encima de la mesa la patata caliente de la dispersión penitenciaria de presos vascos, pese a que figuras ayer presentes como el propio Ararteko se han manifestado más de una vez en su contra. Se da la circunstancia de TEDH ha fallado en más de una ocasión –en casos de otros países– en contra de la política de alejamiento carcelario. Concretamente, la corte de Estrasburgo ha emitido en los últimos cuatro años tres sentencias en contra de las políticas de dispersión. La primera fue en 2013, en el caso de Khodorkoviskiy y Lebedev contra Rusia; la segunda en 2014, en el caso de Vintman contra Ucrania; y la tercera este mismo año, cuando condenó también a Ucrania por encarcelar a Oleg Ledonidovic a 1.000 kilómetros de su casa.B.Z.