Más de un mes después de que fuesen encarcelados siete de los nueve jóvenes de Altsasu procesados por una trifulca con dos guardias civiles y sus parejas, la Fiscalía defiende que sigan en prisión. El representante del Ministerio Público, José Perals, así lo manifestó durante la vista celebrada ayer ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española, encargada de revisar el recurso. La decisión se adoptará en los próximos días.

El argumento del fiscal es que todavía concurren los agravantes que motivaron la solicitud de ingreso en prisión para Jokin Unamuno, Iñaki Abad, Oihan Arnanz, Julen Goikoetxea, Jon Ander Cob, Aratz Urrizola y Adur Ramírez de Alda. Básicamente, la posibilidad de «reiteración delictiva», «destrucción de pruebas» o huída. El fiscal no tomó en consideración que todos ellos se habían intentado presentar voluntariamente ante la juez de Iruñea, que tal solicitud no fue atendida y que terminaron ante la Audiencia Nacional después de que la Guardia Civil les detuviese el 14 de octubre. Interpretó que si los jóvenes se habían querido presentar era porque desconocían que podían acabar en prisión, ya que los dos primeros arrestados, Unamuno y Urdangarin, fueron puestos en libertad por la jueza de Iruña Mari Paz Benito.

Con esta supuesta «estratagema» (siempre según el relato del fiscal), los jóvenes buscarían, por ejemplo, eludir una entrada y registro en sus domicilios por parte del Instituto Armado. Algo que, por otro lado, no se produjo a pesar de la redada.

Cabe recordar, como ayer indicaron las abogadas defensoras de los jóvenes, que todos ellos quisieron declarar voluntariamente y que incluso el último de los encarcelados, Ramírez de Alda, se presentó en el despacho de la jueza Carmen Lamela el 16 de octubre, sabiendo ya cuál había sido el destino de sus compañeros. Una explicación que no sirve al fiscal, que opinó ayer que si no se había fugado es porque «no le ha dado tiempo».

Las abogadas de los jóvenes insistieron en que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas e insistieron en que sus clientes deben ser inmediatamente puestos en libertad.

Mientras, el proceso sigue. Mañana, la jueza Lamela tomará declaración indagatoria a los nueve. Se trata de un trámite en el que únicamente se notifica el procesamiento y se pregunta por si existe conformidad. Las declaraciones se realizarán por videoconferencia, tanto desde prisión como desde Iruñea.

El Congreso asume que el texto de apoyo a los guardias no fue unánime, pero no lo anula

La declaración institucional de apoyo a los guardias civiles participantes en la trifulca de Altsasu aprobada el 18 de octubre en la Comisión de Interior del Congreso no debió aprobarse, al no haber sido avalada por unanimidad. Esto es lo que se desprende de la respuesta formulada por la Mesa de la Cámara Baja ante la petición realizada por Marian Beitialarrangoitia (EH Bildu) y Gabriel Rufián (ERC), que afirman que el texto no debió tomarse en consideración por no contar con el apoyo de ambas formaciones independentistas, así como de PDECat, que se abstuvo. El máximo órgano rector del Congreso, no obstante, no insta al presidente de la comisión a anular el acuerdo, ya que, a pesar de dar la razón a los argumentos esgrimidos por los independentistas, rechaza tomar en consideración sus alegaciones.

La declaración institucional se quiso aprobar el 18 de octubre, apenas tres días después de la trifulca, cuando la bola de nieve creada por los medios de la derecha española empezaba a rodar. Un mes después llegarían los arrestos y el encarcelamiento de siete jóvenes. En el texto, PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y PNV hacían bloque en apoyo a la Guardia Civil y calificaban de «brutal agresión» lo ocurrido en Altsasu. Además, instaba a poner fin a la «impunidad». Únicamente EH Bildu, ERC y PDECat rompieron la unanimidad. Paradójicamente, entre los firmantes de la declaración se encontraban los diputados de Unidos Podemos en Nafarroa, Ione Belarra y Eduardo Santos, que forman parte de la Comisión de Interior y que mantuvieron una posición muy diferente a la que su formación sostuvo en el herrialde. De hecho, el partido morado terminó reculando y apoyando la marcha del 26 de noviembre. Lo mismo hizo el PNV.

La resolución de la Mesa del Congreso da la razón a medias a EH Bildu y ERC. Admite que hay que aprobar las declaraciones por unanimidad, pero no la anula.A.P.