Sare compareció ayer en Bilbo para reiterar su llamada a movilizarse el sábado en defensa de los derechos de los presos vascos. Desde la red ciudadana auguraron que esta manifestación marcará «un antes y un después» en la superación del bloqueo que mantienen los estados. «Vamos a conseguir la resolución del conflicto, que se respeten los derechos humanos y lograr la paz», subrayó Joseba Azkarraga, aventurando que «2017 va a ser un año decisivo».

Ainhoa Azkarate incidió en la importancia de que las calles de la capital vizcaina estén «llenas a rebosar». Su objetivo es que con esa imagen se transmita la decisión de una mayoría para superar el inmovilismo. «Unámonos y hagamos de esta reivindicación un sentir social, tan plural y tan diverso como la misma sociedad», defendió.

Azkarraga hizo votos por que la del sábado «sea la última movilización masiva que hagamos» por la cuestión de los presos. El portavoz de Sare destacó que, «por encima de las adscripciones partidistas y de las ideologías políticas, hay una ideología común que es la defensa de los derechos humanos».

«Será sin duda una de las mayores concentraciones de personas que se pueda lograr. Grande en cantidad y grande también en su diversidad», aseguraron. Las previsiones son muy optimistas, viendo la movilización que lleva meses produciéndose en pueblos y barrios del país pero también fuera. Azkarate informó de que tienen constancia de que se han organizado entre 250 y 275 autobuses, es decir un 15% más que el año pasado.

Todos los días, además, se conocen nuevas adhesiones a la marcha, a pesar de que Sare no ha interpelado directamente a agentes políticos, sociales y sindicales sino a la ciudadanía en general. Las Comunidades Cristianas Populares, Herria 2000 Eliza y la Coordinadora de Sacerdores de Euskal Herria así lo han hecho, al tiempo que han pedido a los obispos y al conjunto de la Iglesia vasca que se implique «a favor de la justicia, la libertad, la convivencia y la paz política y social». También se suma a la convocatoria Steilas, que anima a acudir a Bilbo.

Al igual que el año pasado, no está previsto que una delegación oficial del PNV asista aunque se da por sentado que habrá militancia jeltzale en la movilización de Sare.

El Gabinete Urkullu no acudirá

Tampoco habrá representación del Ejecutivo de Lakua. A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en Gasteiz, su portavoz, Josu Erkoreka, respondió que el Gabinete «ha dicho en repetidas ocasiones que no participa en manifestaciones sin convocatoria institucional». Añadió que el Gobierno «siempre ha sido partidario de planteamientos serios, realistas y posibilistas, a fin de facilitar el fin ordenado de la violencia».

Antes de ese pronunciamiento, los convocantes señalaron por boca de Azkarraga que «desde el punto de vista democrático, al margen de cualquier ideología», la defensa de derechos fundamentales «es algo que nos debe unir a todos que consideramos que somos demócratas y defendemos los derechos humanos».

Las declaraciones del representante de Lakua, ya habituales, contrastan con la marea humana que se prevé en Bilbo. Como reflejo de la pluralidad de los apoyos recabados, caras conocidas de la sociedad vasca portarán la pancarta con el lema ‘‘Euskal presoak Euskal Herrira. Giza Eskubideak. Konponbidea. Bakea’’, que se situará tras las furgonetas de Mirentxin Gidariak e hileras de familiares de los represaliados, según informaron desde Sare.

Aunque la movilización están convocada a las 17. 30 en la plaza de La Casilla, desde mediodía están previstas distintas iniciativas en el Casco Viejo.

Tres personas velarán por el dinero donado

Tres personas velarán por que el dinero que se logre en la cuestación de una pegatina que llevarán a cabo decenas de sarekides durante la marcha del sábado se destine a cubrir los gastos derivados de la organización de la campaña. Los letrados Elisabete Bizkarralegorra y Félix Cañada, junto con el ex coordinador de Lokarri Paul Ríos, se encargarán de la custodia de las bolsas hasta que el lunes sean ingresadas en una entidad bancaria, tal y como hicieron el año pasado.

Con esta medida se trata de evitar que suceda como en enero de 2015, cuando la Guardia Civil, por orden de la Audiencia Nacional, se incautó de 104.000 euros que los participantes en aquella manifestación habían donado. Esta actuación ha acarreado que la red ciudadana tenga aún facturas por pagar y que hayan encontrado dificultades para promover otras iniciativas. «La solidaridad con los presos, con los familiares de los presos, no es delito, sino que el delito de prevaricación lo cometen quienes actúan impunemente contra la red ciudadana Sare», señaló Azkarraga.

Joseba Azkarraga, por cierto, desveló que tienen poca esperanza de que la Audiencia Nacional les devuelva el dinero que se llevaron los guardias civiles de la sede de LAB en Bilbo, donde se guardaba hace dos años. A día de hoy, están pendientes de que el tribunal especial resuelva su reclamación para que les sea reintegrados esos 104.000 euros, aunque lo ven difícil después de que no se haya aceptado la recusación que presentaron contra dos de los magistrados que deben de resolver el caso, Concepción Espejel y Enrique López, ambos muy fines al PP. «Blanco y en botella», finalizó el portavoz de Sare, augurando un fallo contrario a sus intereses.A.G.