Sindicatos y colectivos sociales se concentraron ayer ante la delegación del Gobierno autonómico en Bilbo para exigir a Lakua que «cumpla su propia ley» e incremente la cuantía de las prestaciones gestionadas por Lanbide un 8%, en proporción al crecimiento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Según informó la agencia Efe, representantes de los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEILAS, CGT y CNT, y de colectivos como Argilan, Asociación Trabajadoras del Hogar Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak, SOS Racismo Bizkaia, PAH Bizkaia-Kaleratzerik EZ!, Mujeres del Mundo y Elkartzen, entre otros, desplegaron una pancarta con el lema “Contra el recorte del 15% en la RGI”, en alusión a la no aplicación del incremento del 8% del SMI y al recorte del 7% que se aprobó hace ya cinco años.

En declaraciones a los medios, la portavoz de la Asociación de Trabajadoras del Hogar Bizkaia, Lorea Urea, denunció que, pese a que los niveles de pobreza están aumentando, «las prestaciones de Lanbide no alcanzan para cubrir los 1.200 euros que estipula la CAPV como umbral de la pobreza». También se refirió a la postura de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que rechaza incrementar un 8% la RGI para no desincentivar el empleo. Unas explicaciones que, en opinión de Urea, son «falsas e intolerables».

A este respecto, recordó que, según los datos publicados por Lanbide, un 20% de las familias que cobran la prestación en la CAV lo hacen como complemento al empleo, «por sus salarios precarios»; un 25% cobran complementos a pensiones, «que son bajas»; y otro 20% perciben complementos al subsidio por desempleo.

64.000 familias

La Plataforma por los Derechos Sociales de Gasteiz (PDS), que ayer anunció la celebración de otra concentración mañana a las 10.00 frente al Parlamento, recordó que la Ley de Garantía de Ingresos de la CAV «indica claramente que las cuantías de la RGI se referencian al SMI, siendo la cuantía de la misma de un 88% del SMI para unidades convivenciales de un solo miembro, del 113% del SMI para las de dos y del 125% del SMI para las de tres miembros o más».

Sin embargo, «PNV y PSE se vuelven a poner de acuerdo para golpear aun más a 64.000 familias empobrecidas y vulnerables, decidiendo no aplicar la ley, igual que se pusieron de acuerdo en 2012 para ‘de manera excepcional y temporal’ recudir la cuantía de las prestaciones un 7%». En este sentido, la plataforma censuró que «el debate sobre la ampliación de la cuantía de la RGI y su relación con el SMI haya tapado la necesidad de revertir el recorte».

Y recordó al Gabinete de Iñigo Urkullu que «detrás de los incumplimientos de la ley y de los expedientes de Lanbide hay personas. Personas que se merecen una vida digna de ser vivida, supuesto objetivo de la existencia de las prestaciones sociales que hoy se recortan». Asimismo, lamentó que se priorice el gasto en «otras cuestiones, aumentando de este modo las desigualdades sociales».